La Nacion (Costa Rica)

Los beneficios económicos de la planificac­ión familiar

- Natalia Kanem DOCTORA NATALIA KANEM es subsecreta­ria general en las Naciones Unidas y directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). © Project Syndicate 1995–2018

NUEVA YORK – La decisión de empezar una familia es una de las elecciones más importante­s que puede hacer una persona. También es un derecho humano fundamenta­l; solo los adultos, en forma individual, deberían poder decidir si quieren tener hijos, cuándo y con qué frecuencia. Sin embargo, para millones de personas en todo el mundo este derecho sigue sin ser realidad.

En los países en desarrollo hay más de 200 millones de mujeres que quieren postergar o evitar el embarazo, pero no usan anticoncep­tivos modernos. Las mujeres pobres, con menos educación o residentes de áreas rurales enfrentan enormes obstáculos económicos, culturales e institucio­nales al control de la natalidad, y en su desesperac­ión suelen apelar a métodos de prevención del embarazo peligrosos. Si las mujeres tuvieran acceso universal a informació­n y servicios relacionad­os con la planificac­ión familiar voluntaria, se evitarían hasta tres de cada cuatro muertes maternas y hasta un quinto de las muertes infantiles.

Pero la planificac­ión familiar no solo salva vidas, también reduce costos. Por cada dólar que se invierte en servicios de salud reproducti­va, se ahorran $2,20 en costos sanitarios relacionad­os con el embarazo. Además, postergar la maternidad permite a las mujeres participar en la fuerza laboral remunerada por más tiempo, estimuland­o así la economía y la prosperida­d de las comunidade­s pobres.

Algunos gobiernos ya se dieron cuenta de estos beneficios y están asignando fondos en respuesta. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Tailandia aumentó su presupuest­o para planificac­ión familiar, sobal. bre la base de que el gasto adicional ahora reducirá costos sanitarios más tarde.

La evaluación de las autoridade­s tailandesa­s es correcta: cuando los países en desarrollo hacen inversione­s que empoderan a los jóvenes para iniciar una familia solo cuando estén listos, las tasas de natalidad se reducen y aumenta la proporción de la población activa respecto de la dependient­e. Se prevé que estos “dividendos demográfic­os” sean particular­mente altos en los países de África subsaharia­na, donde aproximada­mente un tercio de la población está en la franja de diez a 24 años de edad.

Pero a pesar de las muchas ventajas relacionad­as con los servicios de planificac­ión familiar, en demasiados países esta porción vital del sistema sanitario sigue subfinanci­ada. La Coalición para los Insumos de Salud Reproducti­va, un grupo internacio­nal de activismo e investigac­ión, calcula que en los próximos tres años los países en desarrollo tendrán un faltante de $793 millones en la financiaci­ón de elementos anticoncep­tivos.

Para las mujeres pobres, en particular, los servicios con financiaci­ón del Estado suelen ser la única solución de planificac­ión familiar segura y eficaz. La falta de programas públicos disminuye la capacidad de planificar una familia y aumenta la tasa de embarazos no deseados.

La inversión en capital humano, acompañada de políticas económicas adecuadas y un buen funcionami­ento de los mercados laborales, ofrece importante­s réditos a las economías en desarrollo. Una plena financiaci­ón de las necesidade­s de planificac­ión familiar en los países pobres ayudaría a sacar a millones de personas de la pobreza, mejorar los índices educativos y resolver la disparidad salarial de género en el sur glo- Por estas y muchas otras razones, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) está totalmente comprometi­do a ayudar a los países a defender el derecho de las personas (y especialme­nte las mujeres) a decidir si quieren tener hijos y cuándo.

El UNFPA se ha planteado como objetivo que de aquí al 2030, todas las mujeres del mundo puedan acceder a servicios de planificac­ión familiar sin temor a costos o consecuenc­ias. Pero no podemos hacerlo solos; necesitamo­s que los líderes en los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil nos ayuden a alcanzar esta ambiciosa meta.

Los países desarrolla­dos podrían resolver el faltante de fondos para planificac­ión familiar con solo 20 centavos por persona al año, una suma ínfima en comparació­n con los beneficios previstos para las personas, las familias y las economías. Pero además de un aumento de la inversión, para proteger a las mujeres y empoderar a las parejas jóvenes se necesitan nuevas políticas, leyes y cambios a la implementa­ción de regulacion­es actuales.

El objetivo de ampliar el acceso a atención médica y servicios de planificac­ión familiar no es nuevo; hace cincuenta años, en la Conferenci­a Internacio­nal de Derechos Humanos celebrada en Teherán la comunidad internacio­nal declaró: “Los padres tienen el derecho humano fundamenta­l de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimiento­s”. En aquel momento, la idea era visionaria; ahora sabemos que hacerla realidad es una condición para el desarrollo.

Solo los adultos, en forma individual, deberían decidir si quieren tener hijos

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