Defender DD. HH. en Colombia puede tener un alto precio
Desde el 2016 y hasta este mes, se registró un asesinato cada tres días ntioquia y Cauca, los departamentos donde más líderes sociales han caído
MEDELLÍN, COLOMBIA. AFP. - A James lo quieren matar hace tiempo. Cuando arreciaron las amenazas por sus denuncias sobre presunta corrupción policial en una barriada de Medellín, recibió un celular, un chaleco antibalas y, más recientemente, un botón de pánico.
Hoy, este activista de derechos humanos de 30 años, padre de una niña de 9, que vive en una de las comunas más peligrosas de Medellín, apenas cuenta con la prenda blindada que recibió hace tres años de la Unidad Nacional de Protección (UNP, estatal).
El plan de telefonía celular no volvió a ser renovado y el sistema de alerta que debía oprimir en caso de riesgo, solo funcionó una vez, según relata.
Así, casi indefenso, James se mueve por entre las calles empinadas de su comuna. Cuando sale de esta, viste el chaleco antibalas, consciente de que difícilmente podrá salvarse si se deciden a matarlo.
“He recibido varias amenazas (...) por estar visibilizando la problemática en la Comuna 13, y más cuando visibilizamos que algunos policías han hecho parte o trabajan conjuntamente con algunas estructuras criminales”, sostiene.
James asegura que ya vio de cerca la muerte cuatro veces en los últimos 13 años, la más reciente en el 2013 (una bala le rozó una de las costillas).
Blancos potenciales.
Este joven de cabello corto es uno de los activistas de derechos humanos y líderes sociales que están en la mira en Colombia. Hasta el 13 de agosto, 337 de ellos habían sido asesinados desde el 2016, un crimen cada tres días, según la Defensoría del Pueblo.
Aunque las autoridades se han comprometido a mejorar la protección de estas personas, James todavía espera que su situación sea tomada en cuenta.
Consultada por la AFP, la UNP se abstuvo de hablar sobre el caso por razones de seguridad. La Fiscalía en Medellín, entre tanto, afirmó en días anteriores que investigaría las denuncias que involucran a uniformados en supuestas alianzas con pandillas.
James vive con su madre en una casa pobre. Ya sufrió el desplazamiento en carne propia por amenazas que lo forzaron a irse de un barrio a otro dentro de Medellín, así como la pérdida de un hermano y dos sobrinos , víctimas de la violencia.
Desde enero está sin empleo porque –según asevera – la ONG con la que colaboraba, Corporación Pazifistas, no volvió a suscribir contratos con la Alcaldía de Medellín.
En su trabajo como defensor, dicta talleres de capacitación en derechos humanos y asesora a quienes deben presentar recursos judiciales de protección.
Cauca y Antioquia son los departamentos donde más líderes sociales han caído, con 83 y 47 casos, respectivamente, de acuerdo con la Defensoría. Aunque muchos de los homicidios han ocurrido en zonas rurales donde hay disputas por el narcotráfico o la minería ilegal, Medellín, capital de Antioquia y segunda ciudad del país, no escapa a esta espiral de violencia selectiva.
“Lo preocupante es que no solamente soy yo, sino que en la comuna somos 14 líderes (...) sin ningún apoyo del Estado”, afirma James.
Con alrededor de 138.000 habitantes, la Comuna 13 está bajo el asedio de combos o pandillas dedicadas al microtráfico de drogas y la extorsión que se disputan barrios, a la usanza de lo que han hecho por décadas paramilitares y guerrillas en los campos de Colombia.
■