Rancho Guanacaste se transformó en botadero
El terreno que en el pasado ocupó el conocido restaurante Rancho Guanacaste, en Hatillo, San José, se convirtió en los últimos años en un botadero, pues es usado como vertedero por recicladoras clandestinas de casas cercanas.
Los controles de la Municipalidad de San José y del Ministerio de Salud se han quedado cortos para controlar la actividad ilegal.
El terreno, que ahora le pertenece al intervenido Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), está repleto de partes de televisores, neumáticos, sillas y pedazos de madera. Junto a la basura, varias sin hogar se asentaron en pequeños ranchos.
“La Municipalidad puede intervenir en las recicladoras a través de un proceso administrativo cuando alguien ha adquirido un permiso para una actividad y se sale de lo estipulado. Entonces, le podemos cancelar la actividad”, indicó Emperatriz Ordeñana, jefa del Departamento de Servicios Ambientales del municipio josefino.
“¿Qué pasa con estas actividades que se dan en zona privada? Que la Municipalidad no tiene la potestad cuando no está legalizada”, explicó.
¿Y Salud? La acción del Ministerio de Salud para clausurar los locales ha sido inefectiva, pues solo se trasladan a otro lugar.
“En esa zona, los vecinos muchas veces son familiares. Se clausura un área, pero un vecino o un familiar les abre una puerta, y sigue la actividad”, añadió Ordeñana.
La Nación contactó al Ministerio de Salud, pero no hubo respuesta inmediata de su parte.
Ronald Durán, supervisor de plantilla municipal, dijo que la basura botada en vía pública, en las afueras del terreno, se limpia dos o tres veces por semana, pero un día después el panorama se repite. Al ser propiedad privada, la recolección en su interior solo se puede efectuar notificando al dueño.
En la limpieza del jueves 23 de agosto, la Municipalidad recogió 12 toneladas de desechos y la labor costó ¢177.069. Entre el año anterior y el actual, se han limpiado 225 toneladas, con un costo total de más de ¢7 millones. En el sitio se habían colocaron una malla de cerramiento y cámaras de seguridad, pero los dispositivos fueron estropeados y la malla robada.
Según Ordeñana, muchos vecinos temen represalias si denunciaran a los infractores.
Una denuncia se encuentra en trámite en la Defensoría de los Habitantes, en la que se señala la obligación que tienen los ayuntamientos de prevenir y eliminar los vertederos en su cantón. La entidad envió, el 23 de marzo pasado, un oficio con recomendaciones a la Municipalidad de San José.
No obstante, la Defensoría informó de que el caso aún se encuentra en una etapa de seguimiento, la cual no tiene plazo definido, para determinar si se acató lo indicado.
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