Vivienda se impone meta de dar casa a 44.000 hogares en pobreza
→ Pese a crisis actual, cifra sobrepasaría el alcance de la anterior administración
La meta de la ministra de Vivienda, Irene Campos, es ambiciosa, sobre todo al considerar la crisis fiscal que afronta este gobierno. Su plan, dice la jerarca, en entregar, al cabo de cuatro años de gestión, un techo a 44.648 familias en pobreza o pobreza extrema.
Esas son las soluciones de vivienda contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, dirigidas a las personas de más escasos recursos (estratos 1 y 2), que viven en lugares de alto riesgo y están en extrema necesidad.
También incluye a población indígena, personas con discapacidad y habitantes de asentamientos informales (precarios) y viviendas no adecuadas (tugurios).
De la citada cifra, la ministra calcula que 1.000 son familias que habitan en asentamientos informales o en condiciones de riesgo y vulnerabilidad; estas serán prioridad.
Tal es el desafío que se ha fijado Campos en estos primeros tres meses de gestión al frente del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
La meta parece todavía más ambiciosa si se compara con los resultados de sus antecesores. Entre el 2015 y el 2018, las instituciones dedicadas a vivienda atendieron a 5.106 familias que formaban parte de una meta inicial de 7.176 en extrema necesidad, y se reubicó a 3.856 familias en situaciones de desalojo o en casas con declaraciones de inhabitabilidad. La pretensión inicial, en este último caso, era más baja, de apenas 1.200 viviendas.
Retosconocidos. Las dificultades que implica otorgar viviendas, reubicar asentamientos e identificar a los beneficiarios y desarrolladores, no son asuntos desconocidos para la jerarca, pues ella ocupó este cargo por dos años en la administración de Laura Chinchilla (2010-2014).
“(Se trabajará en) asentamientos en los que hay que empezar a hacer los traslados, si corresponde, o en los que, mediante una obra física, se elimine la vulnerabilidad en el sitio, y a partir de ahí se puedan recuperar áreas de suelo para atender a las familias sin que tengan que moverse”, indicó.
Para hacerlo, dijo, entre mayo y agosto, se dedicó a revisar la Política Nacional de Vivienda, la Política de Ordenamiento El objetivo
“NO LES PUEDO OFRECER A LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE LOS QUITO (LOS PRECARIOS) EN CUATRO AÑOS, PORQUE TENGO QUE ATENDER TODO EL PAÍS Y LOS FONDOS SON LIMITADOS, PERO VAMOS
A SER SISTEMÁTICOS Y
’ ’ ORDENADOS.
Irene
Campos
Ministra de Vivienda
Territorial y la de Desarrollo Urbano. Su plan es combinar proyectos grandes y pequeños, según las necesidades y características de cada población.
Campos planea también impulsar proyectos de edificios de tres pisos, en zonas de la Gran Área Metropolitana (GAM) donde no haya mucho espacio.
Precisamente, el jueves la Defensoría de los Habitantes dio a conocer un análisis que hizo sobre el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). Este señaló varias deficiencias, entre ellas, la ausencia de un registro real y actualizado sobre la necesidad de viviendas para familias en pobreza extrema, y falta de información precisa sobre el número exacto de precarios que hay.
■ Una de las grandes deudas que arrastran los gobiernos ha sido una política de erradicación de precarios.
Según la ministra de Vivienda y Asentamientos Humano (Mivah), Irene Campos, en esta materia trabaja en convenios con las municipalidades para que hagan, en sus cantones, el inventario de las familias en vulnerabilidad.
Tales convenios aún no se han conformado, pero se enviaron a unos ayuntamientos para su revisión. Es el caso de Curridabat, Dota, Desamparados, Turrialba, Alajuela, Grecia, Guatuso, Limón, Sarapiquí, Matina, Talamanca y Tilarán.
“Vamos a tener una política de mediano y largo plazo con las municipalidades, para decir que, en un periodo de hasta 10 años, vamos a eliminar precarios y familias en zonas de riesgo. No les puedo ofrecer a los ayuntamientos que se los quito en cuatro años, porque tengo que atender todo el país y los fondos son limitados, pero vamos a ser sistemáticos y ordenados”, afirmó.
400 desde hace años. En Costa Rica están identificados 400 precarios, que representan a poco más de 18.000 familias, según estadísticas de la Fundación Promotora de Vivienda. Según la organización, la cifra no ha aumentado en años, pero tampoco disminuye por la falta de políticas para eliminarlos.
Lo que el Mivah requiere de los gobiernos locales es que le den un inventario de los asentamientos informales, de las familias que están en zonas de riesgo o de vulnerabilidad física y social. Con base en esto, diseñarán un programa de atención de mediano y largo plazo.
También, según Campos, necesitan un compromiso de los municipios de que no permitirán el establecimiento de más asentamientos informales.
Clase media. Otro tema al que la ministra dará prioridad es el de vivienda para la clase media y media baja.
Su intención es buscar instrumentos financieros novedosos. Este es un tema pendiente para ella, pues en el 2010, cuando llegó al Ministerio por primera vez, aseguró que un reto era garantizarles casa a todos los estratos sociales. Entre las opciones que maneja está el impulsar las cooperativas de vivienda.
La simplificación de trámites es otro tema en el que coordina con el Colegio de Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Específicamente, trabaja en el desarrollo de una plataforma para hacer más ágiles los trámites previos a la construcción.
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