IVA de 1% a canasta básica financiará pensiones a pobres
→Dinero bajará presa de 10.000 solicitudes en las no contributivas →Legisladores restablecen tributo del 2% para la educación privada
El PAC, el PLN y el PUSC alcanzaron un acuerdo anoche para restablecer el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los bienes de la canasta básica, dentro de la reforma fiscal.
La decisión consiste en cobrar una única tasa del 1% sobre los productos de la canasta y, a cambio, destinar parte del dinero recaudado para el otorgamiento de pensiones del régimen no contributivo (RNC), es decir, para adultos mayores en pobreza. Hoy, son pensiones de ¢78.000 mensuales.
“Hemos alcanzado un acuerdo con algunas de las bancadas y con el Gobierno, después de mucho tiempo de negociación y de acuerdos”, afirmó el legislador liberacionista Gustavo Viales.
Viales era uno de los principales opositores a gravar bienes de primera necesidad.
Según dijo, “el mecanismo de compensación implica que, el primer año de vigencia del plan fiscal, vamos a tener los recursos suficientes, que ascienden a ¢5.000 millones, para poder inyectarlos en el régimen no contributivo de pensiones y poder atender las más de 10.000 solicitudes que existen (pendientes) por falta de recursos”.
“Vamos a trabajar, también, con los mecanismos que ya tiene el proyecto. Durante seis meses, después de la entrada en vigencia de la ley, no va a poder cobrarse el IVA; un año la tasa será cero y, luego, vamos a tener los recursos para poder atender ese programa de compensación”, agregó el diputado de Liberación Nacional (PLN).
Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, confirmó que la idea es destinar una parte de la recaudación del impuesto a la canasta básica para compensar a las personas pobres, mediante las pensiones del RNC.
Estimaciones. Si la canasta básica permanecía desgravada en el proyecto, el Gobierno estimaba perder ¢65.000 millones anuales. Ahora, con este acuerdo, la pérdida baja a unos ¢36.000 millones. Es decir, el Ejecutivo rescata unos ¢29.000 millones en este punto.
Sin embargo, a la vez, la administración Alvarado recupera unos ¢27.000 millones porque el acuerdo incluye restablecer un IVA del 2% a la educación privada, al tiempo que anula todas las exoneraciones que los diputados habían aprobado en comisión fiscal a distintos sectores, como juntas de educación y las asociaciones de desarrollo. R VEA RECUADRO ADJUNTO.
Es decir, por ahora, Hacienda recupera al menos ¢62.000 millones en un proyecto con el que esperaba recaudar ¢463.000 millones anuales.
Sin embargo, está por verse si será posible discutir de nuevo el resto de las exenciones, que costarían unos ¢5.000 millones al año.
Según declaró el legislador Viales, cálculos de Hacienda indicaban que la pobreza extrema pasaría de un 5,6% de la población a un 5,9%, por lo que pujó por el nuevo mecanismo.
“Bajaría el efecto y se reduciría la pobreza. No se afectaría a la población más vulnerable. La preocupación mía ha radicado en que el Gobierno procurara un mecanismo real, efectivo, donde pudiera garantizar los aspectos que habíamos solicitado. Dejaríamos el mecanismo de trazabilidad, que era la principal preocupación del Poder Ejecutivo”, destacó.
Decisión. Anoche, alrededor de las 7 p. m., se aprobó la moción 700, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que restablece el capítulo del IVA tal como lo propuso el Poder Ejecutivo con un 1% para los productos agropecuarios de la canasta básica y un 2% para los demás, así como un 2% de impuesto para la educación privada.
Votaron a favor Welmer Ramos, del PAC; Silvia Hernández, Yorleny León y Gustavo Viales, de Liberación Nacional; y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En contra, se pronunciaron Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración; Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); y José María Villalta, del Frente Amplio.
Posteriormente, cerca de las 8 p. m., con los mismos votos, se aprobó la moción 799 del PUSC, que baja a un 1% el impuesto para todos los bienes de la canasta básica y que mantiene en un 2%
el tributo a la educación privada aunque fue precisamente, por una moción del socialcristiano Muñoz, que semanas atrás se había exonerado a este sector.
El congresista aseguró que continuará luchando para que estos servicios no paguen impuestos.
Para ello, reiterará en el plenario varias mociones suyas que no tuvieron una votación afirmativa en la comisión de reforma fiscal.