Banda cobraba hasta $45.000 a asiáticos para traerlos al país
10 funcionarios de Migración arrestados por facilitar el delito
Una banda dedicada al tráfico y trata de personas, que tenía cómplices en Migración, cobraba entre $22.000 y $45.000, por cada ciudadano asiático que traía ilegalmente al país.
El grupo fue desintegrado ayer martes en un gran operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Migración que concluyó con 40 sitios allanados y 29 personas aprehendidas, entre ellas tres asiáticos que dirigían la organización y 10 funcionarios de Migración. También se detuvo a un oficial de la Fuerza Pública.
Según explicaron las autoridades en conferencia de prensa, el grupo traía a los extranjeros desde India o China, y en el país se quedaban trabajando forzadamente o los enviaban a Canadá y Estados Unidos R VEA INFOGRÁFICO.
En Costa Rica, contaban con abastecedores y comercios administrados por otros asiáticos que los “compraban”. Hay 110 víctimas identificadas, incluidos tres menores de edad.
La operación Cielo y Tierra, con dos años de investigación y seguimiento, halló que la banda era liderada desde el restaurante y karaoke Marisco Vivo, en Sabana Norte, San José, por tres asiáticos de apellidos Cen Mo, Azofeifa Arce y Bon Bin.
Institución comprometida. De acuerdo con Wálter Espinoza, director del OIJ, con el dinero cobrado por la banda, se costeaba el traslado de sus víctimas y el pago de sobornos a algunos funcionarios de Migración en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. Cada pago rondaba entre los $2.000 y los $6.000 por persona ingresada con documentos irregulares.
La Policía Judicial informó de que allanaron las oficinas centrales de la Dirección General de Migración y Extranjería en La Uruca, la delegación policial de Santo Domingo de Heredia y el citado restaurante en La Sabana. También hubo despliegues policiales en Alajuela, Atenas, Guanacaste y San Carlos.
La Policía local también coordinó con su par en Panamá. En este país se realizaron 20 allanamientos que dejaron diez detenidos, incluido un sospechoso que también estaba vinculado con actividades de narcotráfico y a quien se le confiscaron 20 kilos de cocaína.
La fiscala general, Emilia Navas, destacó la fragilidad social en la que viven las víctimas de este tipo de crímenes.
“El grupo criminal lo que hace es, mediante fuerza, mediante fraude, mediante engaño, aprovecharse de esta vulnerabilidad y los explotan y los someten a esclavitud. Atentan contra su dignidad humana. Son víctimas y siempre debe verse así”, agregó.