Convenciones municipales llevan décadas sin renegociar
27 de 48 municipios no revisan incentivos desde los años 90
De 48 convenciones colectivas que están vigentes en el sector municipal, 27 no sufren ningún tipo de modificación desde los años noventa.
Sin embargo, los casos más extremos están en los ayuntamientos de El Guarco, Mora, Alajuelita y Cartago, pues mantienen intactos los incentivos a sus trabajadores desde la década de los 80.
Así se reseña en la información brindada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a La Nación, y en 48 documentos contenidos en el sitio oficial de esa entidad.
La vigencia tan prolongada de los acuerdos entre empleados y municipios se fundamenta –según el análisis de Trabajo– en que en 33 de las convenciones se establece su renovación automática si ninguna de las partes pide proceder a su actualización.
Los convenios colectivos son documentos con rango legal y de acatamiento obligatorio para las partes. La vigencia es de dos a tres años y para modificarlos es necesario que, un mes antes de vencer, se denuncie ante Trabajo.
Privilegios pactados. El principal beneficio de las convenciones es el pago de cesantía por más de 12 años, periodo establecido como razonable por la Sala IV, en junio anterior.
La información del MTSS detalla que, del total de acuerdos (48), en 18 el tope de cesantía es de 20 años.
Además, en otros 16 ayuntamientos no existe límite; es decir, el trabajador tiene derecho a recibir sus prestaciones por la totalidad de años laborados.
Solo los municipios de Osa, El Guarco, Aguirre, Alajuela, Corredores y Puriscal reconocen una cesantía de 12 años o menos a sus empleados, cuando se jubilan.
Los convenios también incorporan incentivos monetarios cuando muere un familiar; y bonos para comprar útiles al comienzo del curso lectivo.
La directriz presidencial N.° 009-H, de junio anterior, instó a las instituciones descentralizadas –como los municipios– a renegociar las convenciones para hacer un uso más razonable de los recursos públicos.
Alicia Borja, alcaldesa de Curridabat, comentó que cada municipalidad cuenta con la independencia para decidir si acata o no el decreto ejecutivo.
“Dentro de los planes de esta Administración se encuentra el renegociar de la mejor manera posible el acuerdo colectivo ya sea parcial o total”, afirmó.
En Curridabat no se revisan beneficios de su convención, como la inexistencia del tope de cesantía, desde octubre de 1997.
Casos excepcionales. La convención colectiva del ayuntamiento de El Guarco, en Cartago, tiene 36 años sin revisión.
El acuerdo rige desde 1982, según el Ministerio de Trabajo.
En Mora y Alajuelita, el convenio rige desde 1987 en ambos casos, y en Cartago, desde 1989.
En esas cuatro municipalidades, la prórroga de la convención ha sido automática, desde su primera firma.
La Nación consultó a los municipios de El Guarco y de Alajuelita las razones de por qué no se denunciado la convención pero no hubo respuestas.
En el caso de Mora, el alcalde Gilberto Monge explicó que no se ha negociado pues los empleados no estaban organizados, no existía una contraparte para dialogar y también, porque no había necesidad de cambiar el acuerdo.
“Cuando ingresé a la Municipalidad solo eran 30 empleados pero ahora son 100. Esto ha hecho el tema relevante”, afirmó Monge, al reconocer que el principal abuso en la convención es que reconoce prestaciones aunque el trabajador renuncie.
Actualmente, el acuerdo laboral de este municipio está impugnado en la Sala Constitucional. Monge dijo que esperan ese fallo antes de proponer la modificación de otros artículos.
La Municipalidad de Cartago informó, por escrito, que hay artículos de la convención de 1989 que tienen años de no aplicarse, como las ayudas económicas a los empleados.
“Sí se ha planteado renegociar algunos aspectos de la convención colectiva. Esta administración está en conversaciones sobre algunos extremos a revisar en el año 2019”, resaltó.
Además esperan la redacción final del voto de la Sala sobre cesantía, para definir si reducen el beneficio de 15 años.
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