Fiscalía General abre pesquisa contra magistrada
La Fiscalía General de la República confirmó este viernes la apertura de una investigación a la magistrada de la Sala Segunda Julia Varela Araya, por el presunto delito de tráfico de influencias.
La decisión fue tomada luego de que, el jueves, ingresara una denuncia por una supuesta acción anómala de la alta jueza. La oficina de prensa de la Fiscalía no precisó quién presentó la queja.
El delito de tráfico de influencias reprime a los funcionarios que influyan en un servidor público favoreciéndose de su cargo para obtener una ventaja indebida.
El asunto en investigación está relacionado con la creación de un grupo de WhatsApp llamado “Jueces de Trabajo”, en el cual participa Varela junto a otros juzgadores de esa especialidad. Al parecer, mediante ese sistema de mensajería habría tenido “injerencia” sobre jueces que resolvieron declaratorias de ilegalidad de la huelga, según una publicación de Diario Extra.
El Poder Judicial confirmó que la magistrada Varela solicitó el jueves a la Corte Plena que le abra un proceso disciplinario a la “mayor brevedad” para que “se investiguen sus actuaciones en relación con los hechos que se publicaron en un diario de circulación nacional”, sin referirse directamente a Diario Extra.
Asimismo, se dio a conocer que la Inspección Judicial inició de oficio una pesquisa disciplinaria sobre los mismos hechos para determinar las posibles responsabilidades de otros funcionarios judiciales en el caso.
Queja pública. Este jueves, luego de conocerse la creación del grupo de WhatsApp, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que agrupa a jueces del país, pidió públicamente que se investigue a una “alta funcionaria del Poder Judicial” porque supuestamente habría tenido “injerencia” sobre jueces que resolvieron declaratorias de ilegalidad de la huelga.
La Asociación emitió un boletín en su página web donde no mencionó el nombre, pero claramente aludía a Varela.
“Es inaceptable e inadmisible la intromisión de alguna persona en la resolución de asuntos sometidos a su conocimiento y redacción de sentencias, incluido cualquier intento interno o externo de provocar alguna ‘orientación’ en sus resoluciones”, dice el texto.
También la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), pidió al presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz, investigar la situación.
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