Riesgo detrás de las letras
Resulta extraña la naturalidad con la que Hacienda justificó el uso de las letras del tesoro como instrumento para financiarse a menor costo, cuando más bien fueron concebidas como una excepción muy calificada.
Que el Gobierno tuviera que recurrir al Banco Central para financiarse –por medio de las letras del tesoro– es preocupante y añade evidencia adicional de la precaria situación de las finanzas gubernamentales.
No cabe otra interpretación. Las letras del tesoro fueron concebidas como una excepción calificada, es decir, un recurso in extremis, mediante el que se recurre a la autoridad monetaria debido a un evento extraordinario, se han agotado otras posibilidades de obtener recursos y se corre el riesgo de incumplir alguna obligación financiera.
Por eso, resulta extraña la naturalidad con la que Hacienda ha justificado su uso como un instrumento tradicional para financiarse a menor costo –presionar menos al alza los tipos de interés– y un mecanismo para evitar que rendimientos al alza afecten negativamente el valor de los portafolios.
Ese mensaje entraña varios riesgos. El primero se relaciona con la credibilidad de la política monetaria: justificar la medida como una forma de mitigar el impacto de la situación fiscal sobre los tipos de interés puede ser interpretado como cierta complacencia y disposición del Banco Central para facilitar el financiamiento gubernamental, en detrimento de sus objetivos de estabilidad.
Además –este es el segundo riesgo– el argumento de pretender evitar cambios en el valor de las carteras financieras puede crear riesgo moral. Los fondos de inversión y de pensiones y los portafolios de inversionistas individuales son gestionados de manera profesional, lo que supone que ha sido considerado el espectro de riesgos relevantes. Argumentar esa preocupación puede conducir a que los ahorristas asuman más riesgo.
Por último, los tipos de interés envían señales a la economía. En coyunturas donde el desequilibrio fiscal los presiona al alza, ese movimiento no solo pretende que el sector privado reduzca su demanda por recursos para abrir espacio al Gobierno; sino que, además, envía mensajes sobre la percepción de riesgo que conduce a que el nivel de gasto privado se ajuste.
En este sentido, en un entorno caracterizado por una alta incertidumbre acerca de la disponibilidad y naturaleza del financiamiento que obtendrá el Gobierno en los próximos meses, quizás lo más sano hubiese sido ir induciendo un ajuste ordenado al alza en los intereses.