Redes narco y de trasiego de armas alientan la explotación sexual
En Costa Rica, este delito recluta al menos una víctima cada 15 días Tras esta actividad, hay sujetos ligados a pornografía infantil y turismo sexual
El delito de trata de personas, que en Costa Rica recluta al menos una víctima cada 15 días, está dirigido mayoritariamente por organizaciones delictivas que también manejan el narcotráfico, el trasiego de armas, el lavado de dinero y otros del crimen organizado.
Así lo explicó Fabrizio Biondi, de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño, quien participó en un reciente congreso internacional sobre trata de personas en San José.
Añadió que hay varios perfiles de los victimarios, pero en la mayoría de los casos, son parte de bandas criminales que, además del comercio de drogas y de armas, se dedican a esta actividad que les genera miles de millones al año.
Con él coincide el consultor en seguridad Marko Magdic, quien expuso en el congreso que detrás de este delito está el crimen organizado en facetas como lavado de dólares, pornografía infantil, turismo sexual y contrabando, entre otros.
“Muchas veces las comunidades no saben identificar el delito y ven como normales acciones que no lo son, por lo que se busca sensibilizar a la población para identifique y denuncie a quienes reclutan, ya que incluyen a menores de edad”, explicó Biondi.
Daguer Hernández, subdirector de Migración y Extranjería, indicó que de las 211 víctimas de los últimos ocho años, un total de 43 eran menores de edad, la mayoría adolescentes extranjeras, pero también nacionales.
Por su parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, confirmó que en nuestro país la principal modalidad tiene que ver con la explotación sexual de personas con fines comerciales y aseguró que el delito va en aumento. En la capital han proliferado salas de masajes y otros lugares de explotación, algo que también ocurre en regiones fronterizas y zonas costeras.
En San José, la mayoría de víctimas son costarricenses. Muchas de las jóvenes han sido reclutadas a la salida de colegios públicos de los barrios del sur, donde las engañan ofreciéndoles trabajos como modelos y no pocas acudieron a citas en las que incluso fueron violadas, dijo Freddy Chacón, jefe de la Unidad de Trata del OIJ.
Chacón agregó que en Jacó, de Garabito, es donde hay más casos de explotación sexual de mujeres, principalmente dominicanas, colombianas, venezolanas y nicaragüenses.
En noviembre del 2016, en La Fortuna de San Carlos, la Policía de Migración con el apoyo de la Fiscalía, allanó tres bares y detuvo a los dueños y sus colaboradores, quienes ofrecían a 15 mujeres para ser explotadas sexualmente.
Las víctimas revelaron que la banda de traficantes las trajo engañadas desde Nicaragua. Contaron que les ofrecieron trabajo como cocineras y saloneras, pero, una vez en el país, las obligaron a prostituirse. Además, aseguraron que nunca les pagaron los prometidos ¢80.000 mensuales y no les permitían salir de los bares.
Las afectadas vivían en condiciones insalubres, durmiendo en una especie de barracas en un cuarto pequeño. Para bañarse, debían subirse en cajas para evadir la cantidad de sapos que había en el sitio.
Un año después, la banda que las explotaba, compuesta por tres mujeres y un hombre, fue condenada a 23 años de cárcel por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y asociación ilícita. Ese grupo contaba incluso con la ayuda de un oficial de la
Fuerza Pública de la zona. El calvario de esas mujeres retenidas por una banda de nicaragüenses duró más de seis meses, en lo que constituyó para ellas una verdadera esclavitud.
En el caso más reciente de explotación sexual, el 20 de setiembre se detuvo en San José a una mujer de 66 años, apellidada Soto Granados, quien administraba una pensión en barrio Don Bosco, cerca de paseo Colón. Allí, varias nicaragüenses eran ofrecidas para fines sexuales. La Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género informó de que la mujer es investigada inicialmente por el presunto delito de proxenetismo, que se sigue en el expediente 18-0001900994-PE. Soto fue puesta en libertad, mientras avanza la indagación en su contra y se analiza la evidencia confiscada. La sala de masajes fue clausurada.
Sentencia apelada. La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes apeló la más reciente sentencia, dictada hace 22 días, contra una mujer de apellidos Salas Padilla, procesada por tres delitos de trata de personas con fines de explotación sexual.
El Tribunal Penal de Alajuela condenó a Salas a una pena de tres años de prisión por el delito de proxenetismo. La Fiscalía sostiene que los hechos investigados configuran la modalidad de trata de personas y por eso exige una condena más alta. La detención de la imputada se dio el 12 de setiembre del 2017, en el INVU- Las Cañas, en Alajuela.
Se sospecha que Salas reclutaba a mujeres y luego ofrecía sus servicios sexuales por medio por medio de un catálogo en Facebook y contactos directos por mensajería y llamadas a celulares. La investigación reveló que al menos ocho mujeres habrían sido víctimas de la imputada, todas con edades entre 18 y 23 años y en condición de vulnerabilidad por pobreza.
En apariencia, la sospechosa las mantenía ligadas a la actividad amenazándolas y condicionándoles el pago a a que se mantuvieran trabajando para ella.
Víctimas migrantes. Costa Rica, además, es un país de paso de migrantes y muchas de estas mujeres son explotadas por redes que les ofrecen dinero para que puedan seguir su paso desde Suramérica hacia Canadá y Estados Unidos. También hay costarricenses atrapadas por esas organizaciones.
En el 2009 se dio a conocer el caso de una tica en México que reclutaba a otras costarricenses a quienes ofrecía trabajo como modelos y terminaba enclaustrándolas y ofreciéndolas para prostitución.
La mujer, identificada como Keisy Johana González Corrales, quien para ese entonces tenía 40 años, fue detenida en el 2011 en Mérida, Yucatán, y procesada en ese país.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública la capturaron como sospechosa de pertenecer a una red internacional de prostitución que opera en Centroamérica y México.
A ella se le seguía la pista desde junio del 2009 cuando trascendió la historia de dos jóvenes costarricenses que supuestamente fueron privadas de su libertad y obligadas a ejercer la prostitución en ese país.
Una de ellas, de apellido Canales, escapó el 9 de junio del 2009 del sitio donde estaban retenidas. La hallaron en la vía pública descalza y llorando.
Luego, la Policía mexicana liberó a la otra muchacha, de apellido Chaves.
Ese día detuvieron a una mujer, que supuestamente vigilaba a las costarricenses y laboraba para González.
Hilo muy fino. Eugenia Salazar, fiscala adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, recordó que la última reforma a la Ley N.° 9095 define mejor la trata de personas y hace falta investigar la norma para ver si requiere modificaciones. El jefe de la Unidad de Trata, sostiene que dicha reforma, que entró a regir el 28 de mayo de este año, tiende a complicarles la labor. Esto, pues se les obliga a demostrar la vulnerabilidad de la persona sometida, lo cual es difícil porque muchas veces las víctimas no se aceptan como tales y eso obliga al OIJ a nuevas técnicas de investigación para demostrarlo y a que el Ministerio Público lo fundamente bien ante los jueces.