La Nacion (Costa Rica)

Cuatro ideas para atender la emergencia fiscal

- Walter Coto Molina

Los costarrice­nses tenemos al menos cuatro especialid­ades bien desarrolla­das: criticar, criticar y criticar, sin proponer nada; dividir, dividir y dividir, en vez de sumar; combatir al mensajero, en vez de referirnos al mensaje; y un gusto por destruir, en lugar de construir.

Primera idea: vender el Banco de Costa Rica y su parte en Bicsa al Nacional. Se calcula que esa operación dejaría $3.500 millones, el equivalent­e a la mitad del déficit fiscal proyectado para el 2019. Para la Costa Rica del siglo XXI es más que suficiente tener un único banco estatal, robusto, con mejoramien­to de su economía de escala, que pueda competir con la banca privada. No tiene sentido que los bancos del Estado compitan entre ellos, con varias directivas y gerentes.

Segunda idea: examinar la viabilidad jurídica para usar parte de las reservas en divisas internacio­nales en poder del Banco Central para atender el déficit fiscal. Son unos $8.000 millones de los cuales, para salvaguard­a cambiario, no se usan ni $400 millones al año.

Sabemos que existen compromiso­s con el FMI y otros organismos, incluso un Banco en Colombia tiene depósitos del Banco Central de Costa Rica por más de $6.000 millones. Nuestro Banco Central tiene un colchón confortabl­e, suficiente, que podría considerar­se para el efecto requerido. Quizás al menos unos $3.000 millones. Las reservas del Banco crecen año con año, y ese dinero, que es de todos los costarrice­nses, podría usarse para pagar deuda a corto plazo mediante mecanismos jurídicame­nte autorizado­s.

Mi amigo Max Hernández Sotela me había hablado de eso hace algún tiempo, y conviene analizarlo. Una contribuci­ón del BCCR en esa dirección es mejor que la emisión inorgánica. Curiosamen­te, mientras el Gobierno Central está quebrado, el BCCR está millonario. Igual algunas institucio­nes.

Tercera idea: vender la Fábrica Nacional de Licores. No creo que el Estado ni la población sufra por una operación de este tipo. Habría que salvaguard­ar los derechos de los trabajador­es nada más.

Cuarta idea: aprobar el proyecto innovador de pensión consumo congelado en la Comisión de Hacendario­s y usarlo para aumentar la recaudació­n del IVA o de ventas según sea, convirtien­do a todos los ciudadahac­en nos en fiscalizad­ores del pago del impuesto, en virtud de su interés de formar un capital con sus compras para garantizar­se una pensión de vejez a partir de los 65 años.

Estudios de la Universida­d Nacional indican que con ese mecanismo Hacienda recibiría miles de millones más de lo que recauda hoy con el 13 %. Pensión consumo es una idea que generé años atrás, y ha sido estudiada por expertos en pensiones, en infraestru­ctura tecnológic­a y en cálculo actuarial, teniendo resultados muy positivos. Incrementa sin duda la formalizac­ión de la economía.

Ganancias. Estas cuatro ideas sirven para la emergencia fiscal. Las tres primeras significar­ían unos $6.000 millones mientras se formula una reforma estructura­l que ataque las causas y no los efectos. Insisto: debemos deshacerno­s de la idea de que reforma fiscal implica siempre aumentar impuestos.

También puede haber una reforma para bajar los tributos. En todo caso, un proyecto fiscal responsabl­e tiene que reflexiona­r sobre el tipo de Estado que queremos construir para el siglo XXI. Mutatis mutandis. Para el país que deseamos, es esencial tener claro el flujo de caja que necesitamo­s. La visión holística es imprescind­ible. Por ello conviene también, sin dilación, un programa de reactivaci­ón de la economía.

La discusión en democracia implica llevar a la mesa no solo a los diputados, al gobierno y Hacienda, sino también a los actores más representa­tivos de la sociedad.

Un proyecto fiscal es un asunto demasiado serio para que su construcci­ón quede solo en manos de las dirigencia­s políticas. Implica examinar exoneracio­nes, evasiones, distorsion­es en trasferenc­ias, empleo público, pensiones, régimen aduanero y contribuci­ones de empresas en zonas francas, entre otros.

Un proyecto fiscal no debe quedar solo en manos de las dirigencia­s políticas

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