Diputados evalúan bajar aporte estatal a pensiones de Corte y del Magisterio
Comisión legislativa considera equiparar cotizaciones con las del IVM
Los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos decidieron revisar los aportes que el Gobierno les hace, en su condición de patrono, a los beneficiarios de los sistemas de pensiones del Poder Judicial y del Magisterio Nacional.
Los diputados quieren evaluar la posibilidad de equiparar estas contribuciones con las que hace cualquier otro patrono, incluido el mismo Poder Ejecutivo en otras instituciones públicas.
El análisis obedece a que cada mes, en los casos de la Corte y del Magisterio, el Estado aporta cotizaciones mucho más altas que las que reciben los cotizantes del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esa diferencia permite que los funcionarios judiciales y los educadores reciban pensiones en mejores condiciones, entre ellas la edad para jubilarse. A esto se suma el hecho de que ellos también cotizan montos más altos de sus salarios.
Los sistemas de pensiones se alimentan de tres fuentes: empleado, patrono y Estado.
En todos los casos, el Estado aporta el equivalente a un 1,24% del salario del empleado, sea público o privado. Las grandes diferencias están en las cotizaciones de empleados y patronos.
En el IVM, los patronos privados y el mismo Gobierno aportan el equivalente a un 5,08% del salario de sus colaboradores. Sin embargo, en la Corte, en su calidad de patrono, el Ejecutivo aporta un 14,36% y, en el régimen de Capitalización del Magisterio, un 6,75%.
Así, por ejemplo, mientras a un trabajador afiliado al IVM el patrono le aporta ¢50.800 por un salario de ¢1 millón, en la Corte el Estado le otorga ¢143.600.
Con esas condiciones, el Poder Judicial debe destinar casi ¢56.000 millones para la cotización patronal a las pensiones de sus 12.400 empleados, tomando en cuenta que gasta ¢388.000 millones en sueldos e incentivos. Si la cotización fuese similar a la del IVM, la cifra bajaría a unos ¢20.000 millones.
Los funcionarios judiciales y los docentes, por su parte, contribuyen con un 13% y un 8%, respectivamente, mientras que los empleados públicos y privados afiliados al IVM, un 3,84%.
Consulta. En medio de la discusión de un proyecto de ley de la Unidad Social Cristiana para impedir la entrada de nuevos funcionarios a los regímenes exclusivos de pensiones (expediente 20.927), el diputado de esa agrupación Pedro Muñoz, le preguntó este miércoles al superintendente general de Pensiones, Álvaro Ramos, si es factible homogeneizar todos los regímenes jubilatorios en cuanto a los aportes estatales.
“Entre dos mundos: uno en que unifiquemos las pensiones que tenemos hoy o uno en que queden todos los regímenes de pensiones, pero que homogeneicemos la aportación del Estado al mismo monto, ¿qué preferiría usted?”, le preguntó Muñoz al jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Para Ramos, la cuestión no es tan fácil porque, si se opta por la reducción de las aportaciones estatales a los diferentes regímenes, existe el problema de que muchos de esos fondos viven principalmente de esos aportes, “entendido como el aporte patronal estatal”.
Básicamente, el funcionario le respondió que, si se equiparan los aportes del Estado como patrono, sería necesario reducir los beneficios los regímenes exclusivos.
“Esta reducción tendría que tener una reducción concomitante en los beneficios, porque si no, quedaríamos con un problema cuasifiscal (...). El aporte del funcionario no tiene realmente mayor importancia. Entonces, ya solo con eso, es algo por tomar en cuenta en muchos de esos fondos”, dijo.
Por otra parte, el superintendente de Pensiones enfatizó en que existen otros fondos especiales de pensiones complementarias, como del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional, en los que los trabajadores reciben un aporte patronal del 10% que, finalmente, también proviene del Estado.
Al respecto, el legislador Luis Ramón Carranza, de Acción Ciudadana afirmó: “Cuando usted nos explica, nos amplía y nos enciende las alertas en este tipo de gastos que se hacen en pensiones”.
Ana Karine Niño, del PLN, concluyó: “Me queda dando vueltas en la cabeza que Ramos ve bien, por un lado, unificar las pensiones bajo el régimen de la CCSS, pero que teme lo que pueda ocurrir con el Magisterio y el Poder Judicial y nos insta a resolver qué más se puede hacer con los regímenes actuales y después unificar”.
Ramos añadió que si los legisladores optan por homogeneizar los aportes, se podrían generar desbalances, tanto en los fondos básicos jubilatorios como en los complementarios.
“Arreglarlos uno por uno terminaría siendo muy complejo. Si solo quieren homogeneizar los aportes estatales, tendrían que revisar uno por uno los beneficios”, apuntó Ramos.
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