‘Hay más en juego que proteger un nivel salarial’
Luego de que un informe jurídico del Poder Judicial indicara que el plan fiscal afectaría el funcionamiento de esa institución, al ponerle freno al gasto público en salarios, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, afirmó este viernes que el país no está en la capacidad de defender sueldos privilegiados.
“Al fin y al cabo, tenemos recursos públicos que vienen de impuestos de todos los costarricenses y no nos podemos arrogar el derecho de tener salarios con privilegios por encima del que tiene el resto de los asalariados, incluso del sector público”, afirmó la jerarca.
Aguilar fue más allá al advertir de que “hay mucho más en juego que estar protegiendo un nivel salarial que, a todas luces, se ha venido originando a través del auto otorgamiento de pluses de toda índole...”.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han creado pluses para ellos mismos. Entre el 2008 y el 2010 se aprobaron un incentivo que elevó, en dos años, sus salarios y los de otros altos cargos, entre un 26% y un 96%.
“Me da la sensación de que algunas instituciones, que siguen gozando de recursos y privilegios, no han sufrido en su carne la crisis”, añadió la funcionaria, mientras hay costarricenses que ya viven la crisis, y “que tienen que pagar créditos, que tienen que buscar trabajo y en muchas oportunidades con niveles salariales por debajo de los salarios mínimos”.
¿Qué pasó? Este viernes trascendió que un informe de la dirección jurídica del Poder Judicial concluye que la Corte Suprema tiene potestades de “autogobierno” en la administración de sus salarios y por tanto, la reforma fiscal afectaría su organización y funcionamiento, pues el plan pone tope a salarios millonarios y atenúa el crecimiento de incentivos salariales.
Por ejemplo, el proyecto establece que ningún nuevo jerarca podrá ganar más de ¢5,3 millones y que los salarios de quienes hoy ganan más de ese monto quedarán congelados. Se sabe que en la Corte hay sueldos de hasta ¢10 millones.
El criterio jurídico fue pedido por Fernando Cruz, presidente de la Corte y magistrado de la Sala IV, y será sometido a cono- cimiento de la Corte Plena el próximo martes para responder una consulta del Congreso.
Consecuencias. En entrevista con La Nación, Aguilar apuntó la imposibilidad de sostener el crecimiento de los salarios que se pagan actualmente en el sector público, incluido en el Poder Judicial, donde los empleados reciben, en promedio, ¢1 millón en incentivos económicos.
“Creo que vale la pena que ya entendamos que si un proyecto como este no logra ver el final del día, afectará la operación y funcionamiento del Estado como un todo, no solo el Poder Judicial... va a recibir un efecto por la fuerte reducción del presupuesto de la República”, dijo.
La reforma fiscal establece que las instituciones ya no podrán crear nuevos pluses, a menos de que sea por ley.
Pese al criterio del Poder Judicial, Aguilar no comparte que el proyecto de ley afecte el funcionamiento institucional y aseguró que tampoco corre riesgo su presupuesto, ya que está protegido por una obligación constitucional de transferencia de fondos. Según la ministra, este poder ha recibido, históricamente, más dinero del que le corresponde. Hoy percibe un 50% adicional.
Consultada sobre si el informe entorpece el trámite legislativo del plan, comentó que, en caso de que los magistrados se pronuncien en contra y manifiesten que la iniciativa les afecta, el requisito de 38 votos en el Congreso se debería cumplir en segundo debate.
El Gobierno afronta un déficit fiscal que este año superará el 7% del producto interno bruto. Por eso, para cubrir los gastos, entre esos los del Poder Judicial, ha debido recurrir a un elevado endeudamiento.
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“TENEMOS RECURSOS PÚBLICOS QUE VIENEN DE IMPUESTOS DE TODOS LOS COSTARRICENSES Y NO NOS PODEMOS ARROGAR EL DERECHO DE TENER SALARIOS CON PRIVILEGIOS POR ENCIMA DEL QUE TIENE EL RESTO DE LOS
’’ ASALARIADOS...
Rocío
Aguilar
Ministra de Hacienda