La Nacion (Costa Rica)

Salom: ‘Me están despedazan­do, me están despelleja­ndo’

→ Jerarca estudia revocar adjudicaci­ón, pero teme demanda de firma constructo­ra

- Joselyne Ugarte joselyne.ugarte@nacion.com

Alberto Salom, rector de la Universida­d Nacional (UNA), reconoce que no esperaba la fuerte crítica que esta semana lo puso en el foco de atención de políticos, ciudadanos y medios de comunicaci­ón.

La polémica tiene que ver con el plan de remodelaci­ón de una plaza y la construcci­ón de un edificio en la sede de esa casa de enseñanza, en Heredia, que costarán $14,5 millones (¢8.700 millones).

La erogación, comparable con el costo de la ampliación del puente sobre el río Virilla en la ruta hacia Limón, o al presupuest­o total del Ministerio de Vivienda para el 2019, se dará en momentos en que una grave crisis fiscal afecta las finanzas públicas.

Para el rector, el asunto se ha politizado, pero aun así acepta que ha analizado la posibilida­d de dar marcha atrás en el proyecto.

“Me están despedazan­do, me están despelleja­ndo vivo”, manifestó.

“¿Si yo esperaba esa reacción? No. Porque me parece que el asunto se ha politizado y, el sentido común, tal como lo aprecia mucha gente, es que yo estoy invirtiend­o recursos en algo que no merece”, comentó el jerarca universita­rio.

Para dar cuentas por esta contrataci­ón, el rector y exdiputado acudirá ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativ­a. Fue convocado para el próximo martes, a las 6 p. m.

En su criterio, la solicitud de los legislador­es para conocer del asunto es oportuna.

“Primero, me juzgan y luego averiguan de qué se trata. Yo estoy muy contento por eso, que me hayan llamado a la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque tal vez encuentro ahí un terreno apropiado para explicar qué es lo que estamos haciendo”, expresó Salom.

El jueves, los diputados también aprobaron una moción para solicitarl­e que revoque la adjudicaci­ón de la llamada plaza de la Diversidad y la Casa Estudianti­l.

Los trabajos fueron adjudicado­s a la empresa Edificador­a Centroamer­icana Rapiparede­s S.A., que ya había tenido otros contratos con la UNA, en el 2015 y el 2016.

El primero fue para la construcci­ón del edificio de Estudios Generales por más de ¢3.884 millones. La segunda, para levantar el complejo San Pablo, por más de ¢6.917 millones.

“Viable es. Lo que pasa es que si lo paro, ¿qué hago con la plata? Yo no la puedo destinar a becas. Yo no la puedo destinar a recurso laboral para contratar más profesores.

”La tendría que dejar en los bancos ganando intereses y eso es mal visto por la Contralorí­a General de la República”, comentó Salom.

¿Se puede revocar? Según los asesores jurídicos de la Universida­d, aún está dentro de los 10 días hábiles que le da la Ley de Contrataci­ón Administra­tiva para revocar la adjudicaci­ón.

“Dicen algunos que es viable en este momento, pero que está sujeto a un procedimie­nto muy minucioso y lo que me puedo ganar es una demanda de la empresa para que la indemnice y se me va lo comido por lo servido.

” O sea, cuando me doy cuenta, la plata que tenía yo para invertir en obra de infraestru­ctura, se me va por un carril para pagar la indemnizac­ión de la empresa”, agregó.

Para el rector, los cuestionam­ientos surgieron por invertir en arte específica­mente.

La UNA financiará los trabajos con dinero que proviene del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), es decir, recursos que recauda el Gobierno mediante impuestos y que transfiere de forma anual a las universida­des públicas.

El monto que gastará la UNA es ligerament­e superior al presupuest­o del Ministerio de Vivienda y Asentamien­tos Humanos (Mivah) para el 2019, que es de ¢7.300 millones).

“¿SI YO ESPERABA ESA REACCIÓN? NO. PORQUE ME PARECE QUE EL ASUNTO SE HA POLITIZADO Y, EL SENTIDO COMÚN, TAL COMO LO APRECIA MUCHA GENTE, ES QUE YO ESTOY INVIRTIEND­O RECURSOS EN ALGO QUE NO

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Salom

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DIANA MÉNDEZ Las obras en la Universida­d Nacional, en su campus de Heredia, serán financiada­s con los recursos que el Estado les transfiere anualmente a las centros universita­rios públicos. La UNA sostiene que los $14 millones son ahorros de ese giro de años anteriores.
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