Aclaraciones del Banco Popular
El jefe de Redacción de La Nación, Armando Mayorga, en su columna “Buenos Días” del pasado 11 de octubre, publicó una serie de datos sobre el Banco Popular y Desarrollo Comunal que deben ser aclarados.
El Banco no ha perdido su norte y su sentido popular. La hoja de ruta de esta institución está definida por las pautas y orientaciones generales que surgen de la voz de una Asamblea de Trabajadores que agrupa a sectores cooperativo, solidarista, sindical y comunal, entre otros, que en conjunto representan a más 1,2 millones de trabajadores.
Lejos de excesos, los salarios de los funcionarios están fijados según estudios de mercado del sector financiero. Únicamente el 23 % de los trabajadores cuenta con remuneración salarial bajo el esquema de salario base más pluses porque, desde el 2001, el personal de nuevo ingreso recibe el salario único, lo cual ha generado ahorros de ¢16.000 millones.
Desde hace meses, en acatamiento a la directriz presidencial, el Banco estableció el salario del nuevo gerente en ¢9,5 millones mensuales, no en ¢12,9 millones.
No existen, a la fecha, miembros de la Junta Directiva Nacional suspendidos.
El tope de cesantía de 20 años fue establecido por la Sala Constitucional hace cuatro años, pero se está a la espera de resoluciones judiciales que podrían modificar el contenido de la convención colectiva en este y otros puntos.
En el caso de los interinos, todos los funcionarios del Banco, sin distinción, están cubiertos por normativa establecida en el Código de Trabajo y la convención que definen con claridad el procedimiento correspondiente, bajo el marco de un debido proceso, para dar por terminada la relación laboral.
■
LJEFE DE REDACCIÓN os magistrados del Poder Judicial hicieron lo de la dama de la justicia: se vendaron los ojos, ignoraron la crisis financiera en que está el país y votaron para oponerse a la reforma fiscal que pone límites a sus desproporcionados privilegios salariales.
Su mensaje es pésimo: no tienen disposición de ser austeros en el gasto del dinero público y se declaran una “isla judicial” intocable a un plan cuya única intención es poner límite a los millonarios salarios que ellos mismos se aprueban (y que no tienen tope) y a los desproporcionados incentivos que ya llegan al ¢1 millón mensual, promedio, por cada empleado judicial.
Los magistrados envían un mensaje lamentable al país: reflejan una total falta de solidaridad, pues en tiempos de escasez de dinero, se eximen de sacrificios o de regulaciones salariales.
Ellos operan y viven de los impuestos que pagan los costarricenses y, poco les importa que el resto de los trabajadores públicos o privados, o ciudadanos, carguen en sus hombros el ascendente costo de la planilla judicial.
Alegan “autogobierno” salarial, pero esa figura solo ha servido para beneficio propio, porque no han sido capaces ni siquiera de poner límite a los costosos pluses creados por la Corte Plena sin sustento legal y que, con solo una decisión de ellos mismos, podrían desaparecer o moderarse. El actuar de los magistrados deja al descubierto su desconexión con la realidad nacional porque ignoran que si siguen por este camino Hacienda no tendrá dinero para seguir financiándoles su mal manejado “autogobierno”, que depende, totalmente, de los impuestos.
Se amparan, además, en su “independencia”… nadie les irrespeta su “independencia” en materia jurisdiccional. Nadie, está influyendo en sus resoluciones. Incluso, nadie, les está tocando su 6 % de los ingresos corrientes que les corresponde y que les protege la Constitución Política. Se escudan en “independencia” para proteger incentivos salariales insostenibles, pero esa “independencia” la ponen en peligro por esa renuencia a manejar racionalmente el dinero público.
Los magistrados, lamentablemente, no quieren quitarse la venda que les impide ver a un país en crisis.
■