Tribunales aún adeudan calificaciones de huelga
→ Reforma procesal laboral no logró solucionar lentitud en las sentencias
Los juzgados de trabajo adeudan todavía la calificación de la huelga en al menos 11 instituciones públicas que solicitaron la declaratoria de ilegalidad del movimiento, en algunos casos, desde hace 50 días.
De acuerdo con la lista proporcionada por el Ministerio de Trabajo, 37 instituciones pidieron la calificación de ilegalidad, en su mayor parte desde el 10 de setiembre, cuando se inició la protesta contra el proyecto de reforma fiscal.
Por ejemplo, en el caso de la Imprenta Nacional, la razón principal del atraso es que aún no han podido notificar a los sindicatos, según comunicó el director general, Carlos Andrés Torres, por medio de la Oficina de Prensa.
Ante esa situación, la administración ya aportó un oficio para ampliar las vías de notificación y poder continuar con el proceso. En el oficio que se envió, se hace referencia a una dirección física para la notificación y también al artículo 633 del Código de Trabajo para que se realice una publicación en un diario de circulación nacional.
Situación similar se dio con el Ministerio de Salud, que tampoco ha recibido una notificación de la Procuraduría General de la República (encargada de elevar la solicitud de ilegalidad), sobre una resolución judicial. No obstante, sí atendió una prevención hecha por el juzgado de trabajo correspondiente de publicar un edicto en un diario de circulación nacional para notificar a los representantes legales de los sindicatos. La medida se cumplió el 23 de octubre.
En el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) también se tuvo que acudir a la notificación por medio del diario oficial La Gaceta.
Inconsistencias. Para el abogado laboralista Marco Durante, socio director de BDS Asesores, el procedimiento que aprobó la reforma procesal laboral para la calificación de las huelgas, dejó vacíos y dificultades que están hoy haciendo relucir inconsistencias de la legislación, las cuales provocan esta tardanza.
“Los procesos de notifica- ción a los dirigentes sindicales, las inspecciones para determinar si hay trabajadores en huelga, si el movimiento es o no pacífico; esto se da a pesar de que la reforma procesal promovió la oralidad, sin embargo, el procedimiento de calificación de huelga es escrito”, detalló.
Paola Gutiérrez, especialista en Derecho Laboral, coincidió en que la notificación a los sindicatos es “un cuello de botella”.
“No se justifica desde un punto de vista de la normativa prevista, que habiendo transcurrido 50 días no tengamos una sentencia de primera instancia (...). Estos procesos deberían ser de trámite expedito”, agregó.
Según Gutiérrez, otra posible causa del atraso es el proceso de recolección de la prueba, ya que el plazo de los tres días que tiene el juzgado para resolver empieza a contarse a partir de que el juez considera que tiene todas los elementos para valorar la situación.
“Aprobamos una ley que promueve la oralidad y en los procesos de huelga los dejamos escritos con etapas, ¿entonces cuál es el resultado de la disparidad? que llevamos 50 días y todavía no tengamos una calificación en primera instancia, cuando los procesos deberían ser de mera constatación”, dijo Durante.
A hoy, 23 huelgas fueron declaradas como ilegítimas, la mayoría en primera instancia. Solo dos se consideraron legales.
Solo uno de los fallos fue ratificado por un tribunal de trabajo: el de la Municipalidad de Santa Ana. Empero, no se autorizó al patrono a recuperar el dinero que pagó a los funcionarios aunque no hubieran laborado.
“No puede ser tampoco que haya jueces en segunda instancia aclarando que no puede haber rebajos. El mensaje que se está mandando a huelguistas es que continúen en huelga hasta que no haya sentencia en segunda instancia”, dijo Durante.
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