Contralora tiene sanciones del Infocoop en sus manos
→ Jerarca resolverá recurso de apelación que presentaron nueve exfuncionarios
El futuro de siete exdirectores y dos exempleados del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) lo decidirá la contralora general de la República, Marta Acosta.
El 19 de octubre pasado, una oficina de la Contraloría General de la República trasladó a Acosta los recursos de apelación de las nueve personas contra una resolución de la División Jurídica de ese órgano, la cual les impuso una prohibición para ejercer cargos públicos durante cinco años.
La oficina jurídica los encontró responsables administrativamente, en grado de culpa grave, por la mala fijación de la Tasa de Equilibrio Institucional (TEI) que el Infocoop cobra a las cooperativas que adquieren préstamos.
El 19 de octubre, la Contraloría rechazó un recurso de revocatoria que presentaron los sancionados en un procedimiento administrativo de la Hacienda Pública que se ejecutó bajo el expediente CGR-PA-2017008121. No obstante, ahora será la contralora la que, en última instancia, resuelva la apelación.
Los sancionados que recurrieron la resolución son Alfredo Rojas Durán, exgerente de Financiamiento y Eliécer Ureña Quirós, exgerente administrativo financiero; así como los exdirectivos Freddy González Rojas, Álvaro Gónarios Ferreto, Óscar Ávila Solé, Gerald Calderón Sánchez, Álvaro González Alfaro, Juan Carlos Jiménez Segura y Carlos Alberto Castro Ríos.
Recurso. Al presentar el recurso de revocatoria contra la resolución de setiembre, las personas sancionadas alegaron que el asunto por el que se les castigó había prescrito. No obstante, la CGR rechazó dicho argumento.
Según la CGR, esos exfuncioran recomendaron y aprobaron, respectivamente, una tasa de equilibrio institucional (TEI) que impidió al Infocoop recuperar correctamente créditos y afectó el crecimiento del ente.
El órgano contralor determinó que los sancionados echaron a andar, hace diez años, una metodología de tasa de equilibrio que le causó al Infocoop el riesgo de que los ingresos por intereses de la cartera de créditos, de más de ¢100.000 millones, no cubriemez los gastos de operación y las transferencias.
Esa tasa de equilibrio, afirmó también la Contraloría, impedía que esos ingresos alcanzaran para recuperar la pérdida del valor real del dinero concedido en créditos, pues le dieron valor de cero a las variables de inflación y crecimiento en el cálculo matemático de la TEI.
La División Jurídica determinó, en setiembre pasado, que el error impide ahora que los intereses de los préstamos alcancen para generar ingresos para un crecimiento sostenido del Instituto, lo cual le imposibilita ampliar aún más la cobertura de los servicios que brinda a las cooperativas.
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