Etiquetas y lecciones aprendidas

En el editorial del martes 23 de octubre pasado, titulado “Recuerdos del 48”, se afirmó que la Corte es una triste protagonista. Hay en la aseveración un reproche injustificado, pues se ignora que la Corte fue consultada por el Poder Legislativo para que determinara si en las normas del proyecto 20.580 algunas de ellas incidían en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. En un dictamen jurídico de 62 páginas, abundan los argumentos que señalan que algunas inciden.

La Corte solo respondió a lo que se le preguntó, pero en el editorial no se ahonda en el dictamen, solamente se afirma que su contenido convierte a la Corte en una triste protagonista.

Nunca comparé los beneficios de la clase media con las conquistas sociales de la década del 40. No pretendía eso cuando publiqué, en mi muro de Facebook, la cita sobre la visita que le hicieron los dueños y directores de La Nación al líder triunfador de la revolución, para que suprimiera las garantías sociales.

Es un dato interesante, probablemente superado, aunque siempre los poderes fácticos podrían tener la tentación de influir sobre las decisiones políticas, sin exponerse a la transparencia que requieren las decisiones en un Estado democrático. Presumo, por lo que se expone en el editorial, que esa fue una lección aprendida, y por tal razón esas propuestas, lejos del escrutinio público, se abandonaron.

El hecho revistió tanta gravedad que por ello me pregunté si se mantendrán las mismas intenciones de los que hicieron la propuesta, que fueron víctimas de las pasiones de la época; lógicamente, no pensé que fuera el diario La Nación el que mantuviera esas intenciones, pero otros grupos o sectores podrían no estar muy convencidos de las bondades de las garantías aprobadas en 1942.

Las tensiones sociales y económicas en relación con las garantías sociales son muchas, y pongo de ejemplo el derecho a la huelga y las convenciones colectivas. La tentación por restringir o suprimir derechos individuales y sociales siempre está presente en todas las sociedades.

Historia enterrada.

La respuesta del editorial despeja mis meditaciones en voz alta. El hecho que relata don José Figueres es historia enterrada, lección aprendida. Las garantías sociales siempre han tenido en La Nación un defensor incondicional. Todo intento por restringirlas o suprimirlas tendrán la clara defensa de un actor social y político tan importante como este diario.

Sobre fechas de nacimiento de quienes trabajan en el periódico, no son decisivas, los hechos históricos son importantes, aunque hayan ocurrido antes que se naciera. La historia cambia tanto, ahora en La Nación trabaja una legión de admiradores de don Pepe. Es muy alentador porque las diferencias históricas se superan con una evaluación justa y equilibrada de la historia.

En cuanto al reparto de etiquetas, que se me atribuye, bueno, las etiquetas que caricaturizan se crean y se endilgan en todo lado, hasta en los editoriales. En el editorial se afirma que una “Corte Suprema de Justicia que sin empacho acepta el plan fiscal mientras no toque sus intereses debería encontrar otros argumentos”. Esta afirmación es la típica etiqueta que tanto reprocha el editorialista por las siguientes razones:

1- Los salarios de los funcionarios judiciales no se modifican o disminuyen con las variaciones en la estructura salarial que propone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así lo prevé claramente el transitorio XXXIX, al establecer que: “El salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones contempladas en el artículo 26 a la entrada en vigencia (sic) de esta ley no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten”. Así es que en la discusión jurídica sobre este tema no defendíamos nuestra pitanza. Esa ha sido la etiqueta que reiteradamente se ha utilizado en los editoriales de este diario.

2- El dictamen jurídico de 64 páginas que sustenta la decisión de la Corte no se refiere exclusivamente a materia salarial, sino a otros tres puntos que ignora el editorialista para poder atribuirnos la etiqueta de los privilegios. Temas como la intervención de órganos de la administración en la evaluación de desempeño de jueces, sujetar al Poder Judicial a la rectoría de otro poder de la República y las limitaciones al presupuesto del Poder Judicial respecto a destinos específicos y la previsión constitucional en esta materia no son asuntos que tengan que ver con nuestros intereses directos o privilegios, sino que están vinculados con la división de poderes, la organización del Poder Judicial y su independencia.

De todas maneras, no defendemos montos salariales o rubros específicos, sino la potestad que tiene todo poder de definir su estructura salarial, que en el caso del Poder Judicial, es muy compleja. No hay duda de que la estructura salarial debe revisarse, es lo que le encomendó la Corte al magistrado Castillo Víquez el mes pasado. Es una revisión necesaria conforme a criterios económicos y técnicos, pero esa decisión corresponde al Poder Judicial, en coordinación con los otros poderes del Estado.

3- El argumento que sustenta la decisión de la Corte conforme al 167 de la Constitución no son los salarios que recibimos, eso no está en juego, según lo prevé el texto de la propia ley, como lo mencioné. Lo que es relevante en la consulta es la división de poderes, los frenos y contrapesos y, por supuesto, la independencia judicial.

Se trata de materias de elevada relevancia, excepto para la etiqueta que utiliza el editorialista, cuando afirma que los argumentos de la Corte se reducen, exclusivamente, a la defensa de privilegios.

Tendencia.

Las etiquetas surgen fácilmente. Es una tendencia que tenemos los seres humanos; hasta los editorialistas. Esta discusión me parece muy constructiva, permite ver que las propuestas planteadas a don José Figueres para que eliminara las garantías sociales fue impropia

‘Defendemos la potestad que tiene todo poder de definir su estructura salarial’

e inaceptable, por la que ningún poder fáctico transitaría por esa ruta. Se aprendió la lección, los poderes fácticos se abstienen de influir sobre los poderes formales, lejos del escrutinio público. La transparencia en su más elevada expresión.

Esta respuesta permite aclarar imprecisiones y permite contradecir la etiqueta del editorialista, cuando afirma que la decisión de la Corte sobre la consulta planteada por el Parlamento responde a la defensa de privilegios e intereses particulares.

En la Corte primaron valores más elevados: la tutela de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Es otro punto de vista, lejos de la etiqueta del editorialista.

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