Atraso en cobro del marchamo pone en aprieto a Hacienda
Postergaría pagos si no entran ¢168.000 millones por el tributo
La disputa entre el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese) por la tarifa de la póliza obligatoria de vehículos, pone en aprietos la expectativa de recaudación tributaria del Gobierno al cierre de este año.
El Ministerio de Hacienda tiene previsto, según el Presupuesto del 2018, un ingreso de ¢168.000 millones por el impuesto a la propiedad de vehículos, el cual se cobrará en el marchamo del 2019.
Sin embargo, dicho tributo no se pondrá en vigencia hasta que la aseguradora pública cuente con una tarifa autorizada del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), para el próximo año, confirmaron tanto el INS como la Superintendencia.
El impuesto a la propiedad de autos es el principal componente del derecho de circulación, pues representa el 70% de los recursos del pago hecho por cada propietario de carro.
El SOA equivale al 20% y el restante 10% se distribuye entre tasas especiales, municipales e infracciones de tránsito.
Según el Reglamento del Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores, el marchamo debe ponerse al cobro el 1. ° de noviembre de cada año. Este 2018, más de 1,5 millones de dueños deben cancelar el derecho de circulación.
Este eventual contratiempo para el Gobierno llega en un momento de fuertes presiones financieras y en un cierre de año en el que se disparan sus gastos.
Entre noviembre y diciembre, tiene vencimientos de deuda por ¢1,1 billones (incluido el préstamo de ¢500.000 millones dado por el Banco Central), debe pagar ¢165.734 en aguinaldos, salarios y efectuar transferencias.
“Todos los recursos provenientes de ingresos resultan importantes para Hacienda. Entre 2015 y 2017, la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos representó, en promedio, 3,5% de los ingresos totales. Se espera que para el 2018 este impuesto guarde la proporcionalidad observada en periodos anteriores”, comentó por escrito, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. La jerarca manifestó que si no se cuenta con la liquidez que provee este tributo, se tienen dos opciones: se posterga el gasto o transferencia a la entidad beneficiada con esos ingresos, o bien, si no es posible postergarlo, se debe buscar liquidez por medio de endeudamiento.
Se reparten culpas. Pese a conocer las repercusiones fiscales de la confrontación, tanto Elian Villegas, presidente ejecutivo del INS, como Tomás Soley, jerarca de la Sugese, se achacan la responsabilidad del posible efecto negativo.
“Nosotros no somos responsables por eso (atraso en el cobro el marchamo). Somos responsables de salir y cobrar cuando tengamos una tarifa autorizada y ahora no la tenemos”, afirmó el jerarca del INS.
Este martes, Osvaldo Vega, abogado del INS, presentó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, donde la aseguradora pide que se les permita mantener la tarifa del SOA de este año, para el cobro del 2019.
Ese Tribunal le dio curso a la gestión y le concedió dos días a la Sugese para que responda.
La póliza obligatoria para vehículos particulares en el 2018 se estableció en ¢21.380; la de motociclistas, en ¢70.415, y la de taxis, en ¢61.900.
Por su parte, Soley enfatizó en que la responsabilidad es del INS, pues debió realizar el trámite de la tarifa del SOA a tiempo y presentar un sustento técnico robusto para justificar la no modificación de la tarifa de la póliza obligatoria.
“Nuestra responsabilidad llega hasta aprobar o no aprobar la tarifa. La normativa (para determinar la tarifa) se conoce desde hace 10 años (...). Sí tendría responsabilidad si autorizo una tarifa como la solicitada”, afirmó Soley.
El supervisor del mercado de seguros recalcó que no se puede culpar a la Sugese por un trámite que no tuvo el sustento adecuado.
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