Estados Unidos y la integridad electoral
Las elecciones de medio período en Estados Unidos tendrán significativas implicaciones en su futuro político-democrático. Empezando por la llamada ola azul demócrata, que rompió la hegemonía republicana de ocho años en la Cámara de Representantes y le quitó al presidente Trump una de las principales herramientas de validación automática de su agenda y políticas de gobierno, a pesar de que conserva aún un alto dominio del Senado.
Con ello, la democracia estadounidense se verá beneficiada en la medida que existen mayores posibilidades de que la Cámara ejerza un verdadero sistema de pesos y contrapesos en lo que al Poder Ejecutivo se refiere mediante sus responsabilidades constitucionales de supervisión, legislación y asignación de recursos. Así, notables iniciativas, como el sistema de salud Obamacare, las políticas migratorias y las ambientales, los paquetes de reducción de impuestos y las investigaciones al presidente, podrán ser promovidas o bloqueadas.
De igual forma, la cifra récord de mujeres, jóvenes y minorías elegidos a dicha Cámara ampliará de manera significativa la representación política democrática de una sociedad estadounidense cada vez más diversa. Las elecciones tendrán otras consecuencias en la dinámica política estadounidense, sin embargo, destacaré en este artículo un desafío fundamental para el futuro democrático-electoral cuyo abordaje no puede ser por más tiempo postergado y que se refiere a serias fallas en la integridad electoral evidenciadas en la reciente elección (aunque no exclusivamente en ella).
Intereses particulares.
El problema tiene que ver con el alto grado de injerencia de los partidos en el proceso de administración de las elecciones y la descentralización de la administración electoral, donde las decisiones claves sobre las reglas de juego se encuentran en manos de funcionarios locales y estatales involucrados en el proceso político y con intereses directos en los resultados de los comicios.
Este problema ha hecho que los expertos califiquen las elecciones estadounidenses entre las peores de las democracias occidentales en términos de integridad electoral, y le otorgan una calificación de 62 en un índice de 100 puntos.
Lo más preocupante es que con la alta polarización y los recientes cambios demográficos, las tendencias en el electorado han ido cambiando y las elecciones se han hecho más competitivas, lo cual genera mayor riesgo de cuestionamientos de los comicios y su administración politizada, así como de posibles crisis de legitimidad.
Uno de los principales desafíos manifestados en las recientes elecciones (y las previas) es la ausencia de una agencia autónoma encargada de administrar el proceso de votación. La tarea recae en los secretarios de estado, que son funcionarios políticos.
Lo anterior causó en esta ocasión problemas significativos en Georgia y Kansas, donde ambos secretarios republicanos se convirtieron en juez y parte supervisando las elecciones a la vez que competían para los puestos de gobernadores de esos estados.
Especialmente en Georgia, el secretario Brian Kemp, quien se declaró ganador de las elecciones aunque el conteo no había terminado, está siendo ampliamente cuestionado por no haber renunciado a su puesto de secretario (a pesar de la solicitud de Jimmy Carter y muchos ciudadanos para que lo hiciera). Además, fueron evidentes tácticas permanentes de restricción del voto puestas en práctica por su administración, cuestionamientos que se han agudizado particularmente ante el margen reducido de los resultados entre él y su opositora demócrata, Stacy Abrams.
El segundo problema claramente evidenciado en el curso de las elecciones de medio período, con serias implicaciones para la representatividad, es el de las leyes y prácticas restrictivas del voto. En múltiples estados, particularmente las autoridades republicanas, han ejecutado —como parte de campañas orientadas a evitar el fraude— leyes que limitan el sufragio, especialmente luego de la resolución de la Corte Suprema Shelby County versus Holder (2013) que debilitó el Acta de Derechos al Voto al eliminar la exigencia de que las cortes estatales decidieran si las leyes que las autoridades políticas locales proponen atentan contra los derechos mencionados.
Con eso, los funcionarios políticos en 24 estados han pasado ya ese tipo de restricciones, en 19 de ellos dichas leyes han sido propuestas por autoridades estatales republicanas (Brennan Center for Justice). Especialmente en Georgia y Dakota del Norte, las leyes de restricción de voto han tendido a afectar en mayor medida a los votantes de grupos minoritarios que en los últimos tiempos han apoyado de manera creciente al partido demócrata.
Purga.
Bajo la actual administración del secretario de estado de Georgia, Brian Kemp, se purgaron, bajo dudosos criterios, como el no haber votado en elecciones recientes, más de 1,5 millones de personas de los registros electorales. Con ello fue eliminado, aproximadamente, un 10,6 % de los electores registrados en el estado. Asimismo, entre el 2017 y el 2018 se suspendió el registro de cerca de 140.000 ciudadanos (incluyendo un gran número de recién nacionaafectadas lizados) basándose en las leyes de exact match, que solo permiten registrarse si la información entregada (fundamentalmente el nombre del votante) corresponde de manera estricta con la de las bases de datos del estado, lo cual afecta en gran medida a las minorías y a los inmigrantes cuyos nombres varían por los acentos, los guiones e incluso por los mismos errores de los funcionarios de los condados encargados de transcribir los nombres de ciudadanos no anglosajones. Lo anterior ocurrió a pesar de haberse emitido una declaración judicial estatal que señalaba que la exact match era parcializada y tenía un impacto directo sobre los grupos minoritarios.
Por su parte, en Dakota de Norte, en particular las poblaciones indígenas, resultaron por las leyes restrictivas de voto aprobadas en ese estado, las cuales requieren que los electores muestren direcciones residenciales para votar, lo cual produjo que muchos indígenas no pudieran hacerlo puesto que ellos viven en reservas y usan apartados postales y no direcciones con calles exactas. Asimismo, se presentaron también obstáculos al voto cuando los miembros de las mesas les rechazaron las identificaciones emitidas por los oficiales de las tribus.
Otro de los problemas es el relacionado con los procesos de delimitación de los distritos electorales (gerrymandering) que están usualmente en manos de los políticos del estado y no en las de organismos judiciales imparciales. Eso ha creado distorsiones en cómo se expresa la voluntad de la mayoría, tomando en cuenta que muchos de los diseños de las circunscripciones se basan en datos que revelan las características étnicas, sociológicas, económicas, religiosas y políticas que determinan distritos con frecuencia de tensos contornos para favorecer al partido que estableció los límites.
Carolina del Norte es uno de los casos más emblemáticos y por el que se presentó ya un litigio federal. En las recientes elecciones se comprobó que los demócratas pudieron haber ganado muchas más curules en la Cámara de Representantes si no fuera por el diseño de las circunscripciones electorales. A pesar de que el partido obtuvo un porcentaje de votos récord, de aproximadamente el 50 % del voto popular, tendrá únicamente 3 de las 10 curules correspondientes a dicho estado (igual que en el 2014 y el 2016).
Así, mientras no se planteen reformas integrales al sistema de administración electoral, empezando por la despolitización, la confianza en la integridad del proceso se reducirá cada vez más, especialmente en el creciente contexto de volatilidad, polarización y cambios demográficos de estos tiempos.
■
La ofensiva tiene dos partes. Por un lado, el Conassif emitió un nuevo reglamento que faculta a las operadoras de pensiones complementarias a aumentar del 50 % al 80 % la proporción de sus carteras que pueden ser invertidas en bonos del Gobierno. Eso le permitirá a Hacienda captar ¢1,4 billones adicionales. Se trata de una buena movida para el fisco, pero peligrosa para los ahorristas ante la creciente insolvencia que muestra el Gobierno.
La decisión trae cola, puesto que hace tres años los jerarcas del Conassif y la Supén les solicitaron explícitamente a las operadoras de pensiones incrementar sus inversiones en el Gobierno con el fin de satisfacer “las necesidades” de Hacienda. En ese momento, las operadoras se mostraron renuentes, con un gerente incluso calificando la petición como “una locura”.
De ahí la otra disposición, que es más compleja pero no menos perversa. Con el fin de incentivarlas a darle más plata al fisco, el Conassif y la Supén quieren cambiar la regulación para que las operadoras puedan registrar sus inversiones a costo de adquisición amortizado y no a valoración a precios de mercado. Esto les permitiría ocultar las pérdidas en las que incurran por malas colocaciones –como, por ejemplo, en bonos basura del Gobierno–. De materializarse este cambio, los trabajadores quedarían en la penumbra sobre cuál es el verdadero valor de sus ahorros previsionales.
Los jerarcas del Conassif y la Supén quieren enmascarar el ajuste como un requisito de la OCDE, cuando en realidad todos los miembros de esa organización utilizan la valoración de mercado como norma general para sus fondos de pensiones. Se trata de un vil engaño. En el papel, el Conassif y la Supén son entes independientes, pero con estas movidas confirman que están al servicio de los intereses del gobierno. En juego están nada menos que las pensiones complementarias de 2,2 millones de trabajadores.
■
Las recientes elecciones en Estados Unidos evidenciaron fallas en la integridad del proceso