Gobierno pone en pausa aeropuerto de Orotina
Méndez Mata confirma que darán ‘atención’ a otras obras más urgentes
Hace un año y medio, el entonces presidente Luis Guillermo Solís firmó un decreto con el cual declaraba de interés público 370 propiedades ubicadas en un terreno de 1.950 hectáreas en las comunidades de Mastate, Coyolar y la Ceiba en Orotina, Alajuela.
El plan del Gobierno era “blindar” esas propiedades para, posteriormente, emprender los procesos de expropiación para la construcción del futuro aeropuerto internacional metropolitano.
La meta anunciada era que la terminal aérea iba a abrir en una primera fase en el 2027, en el más optimista de los escenarios. El costo se estimó en casi $2.000 millones.
El anuncio puso a correr y a sufrir a decenas de familias, algunas incluso empezaron a sondear en los alrededores sobre precios de lotes y cuánto costaría mudarse para dar paso a la futura terminal.R APARTE.
Pero, 18 meses después, el plan dejó de estar entre las prioridades del actual gobierno y el eventual proyecto parece que no despegará.
“El país tiene una serie de obras en las cuales requiere poner atención; no todo se puede hacer al mismo tiempo, de manera que para eso vamos a hacer el plan maestro, de forma tal que nos indique con toda claridad en qué momento sería necesario (el aeropuerto de Orotina)”, expresó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez.
Méndez, además, funge como presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) y representante de Costa Rica ante la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna).
Para él, durante la administración anterior “se generó toda una expectativa” sobre el proyecto. Sin embargo, no lo ve necesario todavía, al considerar el crecimiento del aeropuerto Juan Santamaría.
“Todavía al Juan Santamaría se le están haciendo obras por $100 millones y tiene vida”, manifestó.
Antes de levantar otra terminal internacional, como la que se pretende en Orotina, Méndez espera tener en sus manos un plan maestro con información de todas las terminales aéreas del país, con el fin de conocer las necesidades reales en esa materia.
El plan maestro del Santamaría contempla ampliaciones y mejoras que deben finalizarse en dos años.
Dichos trabajos incluyen la edificación de cuatro salas de abordaje adicionales, puentes de contacto, extensión de la pista de aterrizaje, construcción de pistas de rodamiento, áreas VIP, expansión de rampas de parqueo, carruseles de equipaje y posiciones adicionales de chequeo de pasajeros, entre otras.
Los terrenos. El único trámite para el proyecto que se ha ejecutado durante esta administración fue la publicación, en agosto, del concurso para la realización del estudio de impacto ambiental. Para este, Cocesna destinó ¢650 millones.
Sin embargo, la licitación se declaró desierta. Debido a esto, el plan continúa varado.
De acuerdo con la alcadesa de Orotina, Margoth Montero, tampoco han tenido noticias sobre avances en los procesos de expropiación que ordenaba el decreto de Solís.
Según dijo, los vecinos que se hallan dentro de los potenciales terrenos para la nueva terminal ni siquiera han sido notificados formalmente por la Dirección General de Aviación Civil.
“Uno de los decretos habla de la creación de una comisión técnica para el seguimiento de todas las actividades y esta, al día de hoy, no ha sido creada”, añadió Montero.
La directriz a la que hace referencia la alcaldesa indicaba que el Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y
“EL PAÍS TIENE UNA SERIE DE OBRAS EN LAS CUALES REQUIERE PONER ATENCIÓN, NO TODO SE PUEDE HACER AL MISMO TIEMPO, DE MANERA QUE PARA ESO VAMOS A HACER EL PLAN MAESTRO, DE FORMA TAL QUE NOS INDIQUE CON TODA CLARIDAD EN QUÉ MOMENTO SERÍA NECESARIO (EL AEROPUERTO DE OROTINA).
Titular del MOPT
Rodolfo Méndez
Transportes (MOPT), debía ejecutar las acciones de anotación provisional en aquellos predios que fueron identificados para la construcción del aeropuerto, como lo establece la Ley de Expropiaciones.
Esa labor no se hizo, confirmó la alcaldesa, pues a la fecha no existen a nivel registral anotaciones provisionales sobre ninguna de las propiedades.
“Esta Alcaldía no ve con buenos ojos semejante desconsideración e incluso irrespeto para con las familias dentro del área de expropiación. Lo único que deben esperar los vecinos es la garantía real de boca del Gobierno de la República de que el proyecto continúa y respetando la hoja de ruta ya conocida”, enfatizó.
Montero estimó que no existe ningún impedimento para que los propietarios realicen mejoras, nuevas construcciones o incluso vendan sus terrenos.
La administración anterior recibió de la firma consultora británica Mott-MacDonald, un estudio de emplazamiento que tuvo un costo de $1,5 millones y que también fue financiado por Cocesna.
Ese informe fue el que identificó las 370 fincas en Mastate, La Ceiba y Coyolar, como la mejor zona para la futura terminal.
El exministro de Obras Públicas, Carlos Segnini, quien era el representante del país ante Cocesna cuando se hizo el análisis, aseguró que el estudio que se hizo fue serio y ambicioso, además, por primera vez, detallaba el espacio específico donde se debía construir la obra.
“La propuesta era con un plan maestro al 2047 con el máximo desarrollo. Hicimos algo con visión de futuro, se hizo una licitación (...). Para mí, fue una proyección de acuerdo con las características operativas del Juan Santamaría, el nivel de tráfico, crecimiento proyectado y las necesidades país”.