Nuevas reglas tratan de parar estafas con ventas de viviendas
Vendedores deberán depositar primas en un fideicomiso y construir en terrenos propios
Las empresas inmobiliarias quedarán obligadas a colocar las primas pagadas por los clientes en un fideicomiso, así como a demostrar que construyen en terrenos propios, de acuerdo con un nuevo reglamento preparado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Las normas serán independientes de otras de ventas a plazo. Hasta ahora, un solo documento abarcaba los planes vacacionales, tiquetes aéreos, ingreso a espectáculos, planes funerarios y desarrollos inmobiliarios, las cinco grandes áreas de compras a plazo o servicios que se pueden adquieren para su disfrute después, explicó Victoria Hernández, jerarca del MEIC.
Según la ministra, con reglas específicas por sectores se ayudará a evitar situaciones como las que se han presentado en últimos años, de desarrolladores inmobiliarios que incumplieron contratos y luego se negaron a devolver las primas pagadas por los clientes.
Datos de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC indican que en el 2017 recibieron 167 denuncias contra 45 empresas del sector inmobiliario. Hasta el 21 de noviembre de este año, la cifra de casos alcanzaba las 209, contra 43 empresas.
Este será el primero de los reglamentos específicos que se pondrá en vigencia. Por ahora está en proceso de consulta con las partes interesadas, afirmó Hernández. Además, se tiene avanzado el que regulará ventas a plazo en turismo (hoteles y otros), que entraría en vigencia en el primer trimestre el 2019.
La ministra reconoció que preocupaba el uso de las primas, las cuales se utilizaban en muchas ocasiones como capital de trabajo, por lo que el reglamento obligará a tenerlas en un fideicomiso. De esa manera se refuerza el requisito de las empresas de tener solvencia financiera para hacer el desarrollo con sus propios recursos o créditos.
Hernández afirmó que esa decisión no tiene el ánimo de afectar a las empresas.
“La idea es normar, pero sin
frenar la empresariedad”, enfatizó la jerarca.
Reacciones. Xinia Arguedas, coordinadora de Comercialización de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), dijo que el reglamento aún se debe consultar con actores del sector inmobiliario, por lo cual prefería no opinar sobre el mismo.
Sin embargo, comentó que una obligación para no utilizar las primas como capital de trabajo sería un problema para las empresas y estimó que lo que se debe hacer es elevar controles sobre el manejo de esos recursos,
desde el punto de vista de protección al consumidor, pero no eliminar su uso como capital de trabajo.
Por su parte, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) adujo que no ha visto un texto al respecto por parte de la actual administración. “Estamos a la espera del documento para poder aportar nuestro criterio en este proceso” dijo la organización en una respuesta por escrito a la consulta.
La CCC indicó que en una una nota de la ministra, fechada el 29 de octubre pasado, Hernández explicaba que el nuevo reglamento estaba en etapa final y una vez terminado convocaría a la Cámara para valorarlo.
Mónica Navarro del Valle, directora ejecutiva de la Asociación Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI), apuntó que tocaron el tema en sesiones de trabajo con el MEIC pero que todavía no conocen la primera versión del reglamento. Por tal razón, prefirió no contestar preguntar relacionadas con el impacto que las medidas tendrían, entre ellas un posible freno a las empresas desarrolladoras.
“El CODI considera que la regulación vigente no cumple su objetivo de proteger las primas del consumidor y más bien da una falsa seguridad al mismo, ya que, al registrarse el desarrollador y el proyecto en el MEIC, se hace creer al consumidor que todo está bien y que puede invertir su dinero con seguridad, lo cual es erróneo.
”Véase que en muchos de los casos donde se ha alegado incumplimiento por parte del desarrollador, los proyectos han estado inscritos en el MEIC”, detalló Navarro.
“Al no conocer la nueva propuesta –continuó– no sabemos si ella se acercará a su cometido o se convertirá solamente en un trámite más para el desarrollador formal y responsable y un trampolín para los estafadores”, enfatizó.
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