‘Quid pro quo’, presidente
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es fruto del consenso en la Asamblea Legislativa y del apoyo de ciudadanos conscientes de la necesidad de sanear las finanzas públicas para evitar caer en una crisis como la de los años 80.
Así como los costarricenses aceptaron sacrificarse y varios partidos políticos hacer a un lado resquemores, revanchismo y hasta cálculo político, se espera que el gobierno de Carlos Alvarado haga a un lado su ideología proteccionista y ponga en práctica políticas públicas para reactivar la economía. Solo si el sector privado tiene incentivos, habrá empleos; si hay empleo, la gente se educa, y la gente educada no delinque. Quid pro quo.
Medidas urgentes.
Contamos con más de $2.000 millones en créditos externos para escuelas, hospitales, tratamientos de agua y carreteras, los cuales debemos utilizar en los próximos tres años. Para ello debe vencerse el mayor obstáculo del país: el exceso de trámites.
Va contra toda lógica pagar intereses y comisiones por préstamos que no hemos podido utilizar en obras necesarias para el desarrollo.
Necesitamos compromiso porque solo hemos ejecutado el 50 % de los 25 préstamos por $4.000 millones aprobados desde hace más de seis años.
Una agenda prioritaria es aprobar la reforma a la ley de concesiones y expropiaciones, la ampliación de la ruta 27 porque está colapsada, concesionar la carretera a San Ramón que tiene más seis años en estudios y planos, concesionar la ampliación de la Florencio del Castillo y San Carlos, terminar la carretera a Cañas, dejar listos los estudios para la concesión del tren rápido de cercanía y el tren de carga del Atlántico, reformar la ley de empleo y eliminar los abusos en pensiones.
Proyectos no menos prioritarios son cambios en el Código de Trabajo en cuanto a la regulación de las huelgas en el sector público, cambios al reglamento legislativo, teletrabajo, gobierno digital, una sola plataforma digital para las compras públicas, mayor conexión con banda ancha, educación dual, trámites con firma digital, apertura de monopolios y oligopolios, promoción de la competencia, reducir costos de intermediación financiera, mejorar el acceso a créditos, incorporarnos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Alianza del Pacífico.
Hay decenas de proyectos clave por aprobar en la Asamblea Legislativa. Lo importante es llegar a acuerdos legislativos entre las fracciones para concretar los más trascendentales y viables. No podemos seguir posponiendo los problemas. El desempleo y la informalidad van en aumento. La pobreza va a crecer si no reactivamos el sector privado.
A partir del primero de diciembre, el Ejecutivo fija la agenda legislativa, ahora lo urgente es hacer pactos para salir del letargo.
Avance.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada esta semana, incorpora el impuesto sobre el valor agregado por un 13 % que grava bienes y servicios; un 2 % a medicamentos, materias primas, seguros y maquinaria; y un 1 % para la canasta básica.
Exonera zonas francas, avales, arrendamientos financieros, comisiones a operadoras de pensiones, consumo menor de electricidad y agua, universidades, riesgos del trabajo, educación privada, cooperativas, asociaciones, sindicatos y otros servicios.
Fija diferentes escalas de renta para pymes y asalariados. Las rentas de capital se gravarán en un 15 %, incluyendo cooperativas, mutuales y el Banco Popular. Las asociaciones solidaristas tendrán una tarifa del 10 % sobre los excedentes.
Otra medida es la amnistía tributaria, una excelente oportunidad para quienes tienen litigios y han estado en la informalidad.
Todos estos nuevos impuestos y herramientas generarán entre un 1,3 % y un 1,4 % del PIB al cabo del segundo año. La gran virtud del IVA es que mejorará notablemente el control de los impuestos y evitará la evasión por tener mayor trazabilidad.
Disciplina fiscal.
Todos los países deben, al igual que una familia, ser muy ordenados con el gasto para crecer de forma sostenible. Costa Rica se ha caracterizado en los últimos 10 años por una expansión del gasto corriente y un endeudamiento creciente para financiarlo.
La deuda del gobierno alcanzará un 54 % del PIB y más del 45 % del presupuesto se va en el pago de ella. Con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se diseñó una herramienta para darle sostenibilidad fiscal al gobierno y reducir el tamaño de la deuda. Se proyecta que, con los nuevos ingresos y un control muy estricto de los gastos, se cubra el déficit primario en el 2022.
Esta nueva norma establece límites al gasto corriente, con base en los ingresos, dándole nuevas potestades al Ministerio de Hacienda para cumplir con los artículos 176 y 179 de la Constitución Política.
De acuerdo con la nueva regla fiscal, cuando las deudas superen el 50 % del PIB, el gobierno no estará obligado a girar recursos a los destinos específicos. También se establecen límites al endeudamiento de instituciones autónomas y municipalidades porque se imponen restricciones al crecimiento del gasto.
Estabilidad. La nueva reforma fiscal producirá ingresos frescos por el orden de un 3,5 % del PIB en el 2022, lo cual permitirá al gobierno estabilizar y volver a dar confianza a las calificadoras de crédito, los bancos, los inversionistas y los organismos internacionales.
La deuda del gobierno pasó de un 24 % a un 55,4 % del PIB en los últimos 10 años. Hoy tiene una estructura de un 40 % en dólares, cuando hace cinco años era un 30 %, lo cual aumentó el riesgo cambiario. La maduración promedio de la deuda es de 7,8 años y el costo promedio de los eurobonos es de un 6,7 %, muy superior al 4,5 % de Uruguay y un 5 % de México.
El Ministerio de Hacienda, ante el problema de la actual estructura de la deuda pública, deberá pedir autorización legislativa para captar recursos frescos por $6.000 millones en el extranjero y así ordenar el flujo de caja en los próximos seis años.
Con ese dinero bajará los costos y podrá canjear, convertir, consolidar y refinanciar las obligaciones financieras.
El año entrante el presupuesto nacional suma ¢10,9 billones, financiado con ¢5,08 billones de ingresos ordinarios y ¢5,8 billones con deuda. El 2019 será un año de ajustes y de gran presión social y económica. En la parte económica es de esperar un crecimiento entre un 2,7 % y un 3 % y un déficit proyectado de un 7,3 % del PIB, pues los frutos de la reforma se verán dentro de seis meses.
En el 2019, será importante entrar en un programa de racionalización, contención y eficiencia del gasto público, si no, dentro de dos años el gobierno estará pidiendo una nueva reforma fiscal.
La reactivación económica es fundamental para la generación de empleos