MEIC y Banco Central analizan tema de comisiones
Las autoridades económicas analizan el tema de las comisiones que pagan los comercios a las entidades financieras para poder aceptar los pagos con tarjeta.
La asesoría jurídica del Banco Central de Costa Rica analiza si esta institución tiene la potestad para regular las comisiones y espera dar su criterio antes de que acabe el 2018. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por su parte, estudia si sigue vigente un convenio de 1992 entre entidades financieras para fijar las comisiones de intercambio, lo cual podría violar la Ley para la Promoción para la Competencia.
Las comisiones que pagan los comercios a las entidades adquirentes que les suministran el datáfono se llaman comisiones de adquirencia.
Las entidades adquirentes pagan, a su vez, una comisión de intercambio a los emisores de las tarjetas que pasan por sus datáfonos.
El Banco Central ya había analizado el tema del contrato entre entidades, según confirmó, el 23 de julio del 2018, el entonces presidente del ente emisor, Olivier Castro.
“Yo me enteré de la existencia de ese contrato recién llegado al Banco, y estuvimos analizando qué posibilidades había de declararlo no aplicable, pero eso lo firmaron los bancos y el Banco Central, en esa materia, no tiene infuencia (…); al Banco le parece que es el Ministerio de Economía el que debe regular eso”, dijo Castro.
Consultada sobre el tema, Yanina Montero, directora de la Dirección de Competencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, respondió que la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) analiza el tema.
“Desde hace algún tiempo (la Coprocom), se encuentra analizando la situación en torno a las tasas interbancarias que se pagan en el servicio de adquirencia. El estudio se inició por planteamientos del sector comercial ante la rigidez en el comportamiento de dichas tasas en el mercado”, indicó, el 30 de junio pasado, mediante correo.
Añadió que tienen copia del supuesto contrato firmado por varios bancos, con fecha de 1992, que está siendo analizado dentro de dicho estudio.
“Se debe tener en cuenta que han pasado 26 años desde la suscripción de ese supuesto contrato y que lo relevante es si lo que allí se establece sigue vigente hoy en día”, dijo Montero.
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