Procurador denuncia 10 excesos en pacto laboral del Popular
→Banco da 6,33% al salario escolar y 20 años de cesantía; anualidad: 2% al 5% →Pacto brinda tasas de interés, plazos y montos especiales a sus trabajadores
“Acordar un trato diferenciado en las condiciones de crédito por el solo hecho de ser trabajador del Banco, sin que medie justificación objetiva y razonable, es discriminatorio. JULIO JURADO PROCURADOR GENERAL
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a los magistrados de la Sala IV eliminar una decena de beneficios otorgados en la convención colectiva a los trabajadores del Banco Popular.
La Procuraduría concluyó que el acuerdo incorpora una serie de cláusulas “desproporcionadas e irrazonables” las cuales provocan un inadecuado uso de fondos públicos.
Entre los artículos considerados excesivos están el aporte patronal del 6,33% al salario escolar de los empleados, cesantía de 20 años, anualidad hasta del 5%, acceso a créditos del Banco en condiciones preferenciales y subvenciones a la póliza de vida, en caso de matrimonio y fallecimiento de familiares. R RECUADRO.
La PGR solicitó a los magistrados declarar inconstitucionales estos privilegios otorgados en el pacto laboral, pues carecen de una justificación.
“La gestión de fondos públicos debe sujetarse a los principios de moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad en el gasto público, lo que impone una prohibición de derrochar o administrar tales recursos como si se tratase de fondos privados, pues no existe discrecionalidad total”, argumentó Julio Jurado, procurador general, en la acción presentada este 10 de diciembre ante la Sala Constitucional.
Jurado pidió a los altos jueces anular 10 artículos de la convención colectiva, renegociada el año pasado con el Sindicato de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Sibanpo).
Asimismo, gestiona anular en su totalidad el Reglamento de Crédito para Empleados y Empleadas del Banco Popular, aprobado en junio del 2009, por la Junta Directiva de la entidad bancaria.
Mediante la Oficina de Comunicación Corporativa, el Popular informó de que en el texto vigente de la convención podrían existir aspectos que merecen una revisión.
El objetivo del análisis del acuerdo laboral es evitar malas interpretaciones y priorizar el adecuado resguardo de los fondos públicos, razón por la cual el Banco acompañará la gestión de la Procuraduría, argumentó la entidad en el comunicado.
Según el Banco Popular, respetará y acatará la disposición final de los magistrados constitucionales.
La convención de la institución tuvo un costo de ¢18.588 millones el año pasado, de acuerdo con la liquidación presupuestaria presentada por la entidad a la Contraloría General de la República (CGR).
Los beneficios para los empleados del Banco se financian mediante el cobro de comisiones, tasas de interés de los créditos y venta de servicios a los clientes.
Las condiciones pactadas en el acuerdo colectivo cubren a casi 3.900 empleados de la entidad bancaria.
Beneficios impugnados. Uno de los cuestionamientos de la Procuraduría es sobre el aporte que hace el Banco al salario escolar de los trabajadores.
En el sector público se retiene cada mes el equivalente del 8,33% del sueldo del trabajador y el dinero se entrega en enero.
Sin embargo, en el Popular, el artículo 46 de la convención permite que dicho porcentaje se divida entre el trabajador y el patrono.
De esta forma, al empleado se le descuenta 2% y el Banco contribuye con el 6,33%.
“Si el salario escolar deja de ser un ahorro del trabajador, y se paga –en su mayoría– con fondos públicos, se desnaturaliza la figura, y pasa a ser una simple regalía a cargo del patrono, regalía que no implica contraprestación alguna a cargo del trabajador”, argumentó la Procuraduría.
El órgano consultivo concluye que no es admisible que el Banco asuma dicho pago, pues el que debe efectuar el aporte total es el trabajador.
Sobre las condiciones de crédito especiales, se impugna que las operaciones del personal no devengan comisiones y están exoneradas de gastos legales y avalúos.
Asimismo, la PGR destacó que hay tasas de interés, plazos y montos máximos preferenciales para los empleados.