Régimen acusa a periodista tico-nica con denuncias de sandinistas
→Expediente solo contiene versión de familiares de muertos y otras víctimas de protestas →Fiscalía les atribuye la divulgación de ‘noticias falsas’ para generar zozobra y odio radical hacia el FSLN
La Fiscalía de Nicaragua se basó en denuncias de personas vinculadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para elaborar la acusación que llevó a la cárcel a la periodista costarricense-nicaragüense Lucía Pineda, de 45 años.
Por ejemplo, la responsabiliza de la muerte de un miembro de la Juventud Sandinista que, en junio, chocó su moto contra un tráiler que estaba varado en un bloqueo, lo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH) considera ilógico, además de imparcial.
Pineda permanece recluida desde la noche del viernes 21 de diciembre en El Chipote, la temida cárcel de Managua donde además está preso Miguel Mora, dueño y director del canal 100% Noticias donde ella era jefa de Información.
Los hechos por los cuales la Fiscalía la acusa ocurrieron entre el 18 de abril y el 30 de julio de 2018, de acuerdo con el expediente judicial número 020017-ORM4-2018PN, que se tramita en el Juzgado Sexto del Distrito Penal de Managua, al cual tuvo acceso este diario.
Estos fueron los primeros tres meses de la crisis social y política de Nicaragua que a noviembre registró 325 muertos y 400 detenidos, según cifras de la CIDH.
Originalmente, ambos fueron acusados por los supuestos delitos de “provocación, preposición y conspiración para cometer actos terroristas” por medio de noticias divulgadas por el canal, según el expediente.
Además, se les indilgó “apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio, como circunstancias agravantes de discriminación por razones de ideología política”.
El 23 de diciembre anterior, la acusación se amplió a tres compañeros de Pineda y Mora. Los tres debieron abandonar el país.
Simpatizantes del FSLN. El expediente judicial contiene denuncias de familiares de 10 fallecidos durante las protestas; de una supuesta víctima de lesiones psicológicas, amenazas de muerte y asedio; y el de otra persona que habría sufrido lesiones graves durante las manifestaciones.
Todos esos delitos, según la acusación, habrían sido cometidos por grupos de personas (opositores al Gobierno) “como consecuencia de la provocación, apología e inducción al terrorismo” que le endosan a los acusados.
Por ejemplo, una de las denuncias es la de Ferson Santiago Castillo Rosales, un ciudadano de Jinotepe, Carazo, militante del FSLN.
Su padre, Roberto José Castillo Cruz, y su hermano menor, Christopher Roberto, fallecie-
ron durante las protestas que incluyeron tranques en carretera en esa ciudad.
En declaraciones a medios afines al régimen de Daniel Ortega, Ferson Santiago ha responsabilizado a los “golpistas” de la muerte de sus familiares.
El Gobierno llama golpistas a las personas que desde abril protestan en su contra, cuyos hechos califica como intento de golpe de Estado.
El discurso lo acuñó el presidente Ortega junto con su esposa y también vicepresidenta, Rosario Murillo; y es repetido por la dirigencia y por las bases de su Partido.
La acusación incluye una denuncia de Amparo Audeli Ruiz Jiménez, madre de Kevin José Cruz Ruiz, habitante de El Rosario, Carazo, un miembro de la Juventud Sandinista que murió la madrugada del 29 de junio cuando regresaba a su casa.
El joven falleció al colisionar su moto contra uno de los furgones que habían quedado varados producto de un control de carretera en Jinotepe, ubicado a 46 km al sur de Managua, informaron los medios oficialistas. La Fiscalía califica su muerte como homicidio.
Otras víctimas. El texto de la acusación también incluye denuncias de otras diez supuestas víctimas de las manifestaciones, por aparentes delitos sufridos como daños a la propiedad, lesiones graves, secuestro, tortura, amenazas de muerte, robos con intimidación y asedio.
Además, incluye la denuncia de Mirlehn Cecilia Méndez Ventua, esposa de Bismark de Jesús Martínez Sánchez, a quien el Gobierno y sus familiares reportan como supuestamente “secuestrado” y “desaparecido” desde el 29 de junio.
Según los denunciantes, el hecho lo habrían cometido manifestantes del tranque en bario San José, en la salida de Jinotepe hacia Managua.
Martínez es militante sandinista de acuerdo con información divulgada por medios de comunicación controlados por el Gobierno.
Él trabajaba como subdirector del área de ornato de la Alcaldía de Managua. Ortega y Murillo han recordado su desaparición en diversas actividades partidarias.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y defensor de Miguel Mora, Julio Montenegro, considera que al ser sandinistas los denunciantes hace que los “juzgamientos no sean imparciales”.
Esto porque durante la labor informativa del canal, los entrevistados cuestionaban al régimen por violentar la Constitución Política y los derechos humanos, citó como ejemplos el abogado.
Sobre las acusaciones contra estos periodistas, Montenegro aseguró que “significa limitar
el libre ejercicio de informar y el derecho del ciudadano a ser informado”, así como criminalizar las protestas.
Además, el abogado señaló defectos procesales de la acusación porque no cumple requisitos de ley. “No hay una parte del escrito de la imputación donde se diga que tal día, a tal hora, en tal programa los acusados hayan dicho de manera concreta que se mate o no a una persona”, señaló.
Presunta discriminación. Para solicitar prisión preventiva contra Pineda y Mora, la Fiscalía argumentó que los delitos por los cuales se les acusa son hechos punibles graves. Además, mientras la parte acusadora presenta pruebas.
En la relación de hechos ampliados, la acusación señala que haciendo uso del canal
100% Noticias y en las redes sociales, los encausados “han propiciado e incitado al odio, por razón de discriminación política”.
La Fiscalía asegura que los periodistas difundieron “sin corroborar, mentiras y noticias falsas, con la intención de generar zozobra en la población, odio radical” hacia los miembros del FSLN.
“Llamando a los extremistas a desencadenar terror y violencia, con desprecio a todo militante sandinista, al igual que a las autoridades de La Policía Nacional, a quienes llama públicamente Policía Sandinista”, destaca la acusación.
Mora fue presentado ante el juzgado un día después de su captura y Pineda dos días después. La audiencia inicial del caso está prevista para el próximo 25 de enero.
La Fiscalía pidió al Juzgado un trámite complejo del caso, es decir, que el proceso puede durar entre 6 y 12 meses.
La ley de terrorismo en Nicaragua, tramitada por el Gobierno ante el Parlamento en julio pasado, sanciona con hasta 20 años de cárcel. Opositores denunciaron que la legislación fue creada para criminalizar las protestas.
“NO HAY UNA PARTE DEL ESCRITO DE LA IMPUTACIÓN DONDE SE DIGA QUE TAL DÍA, A TAL HORA, EN TAL PROGRAMA LOS ACUSADOS HAYAN DICHO DE MANERA CONCRETA QUE SE MATE O NO A UNA PERSONA.
Julio Montenegro
Defensor de Miguel Mora