CCSS y UCR concentran los salarios más altos
→En el Poder Ejecutivo solo 100 trabajadores ganan más de ese monto →Reforma fiscal congelará dichas remuneraciones durante dos años
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Universidad de Costa Rica (UCR) concentran la mayor cantidad de funcionarios con salarios superiores a los ¢4 millones mensuales en el Estado.
El 62% de los 1.165 empleados públicos que reciben un sueldo por encima de ese monto trabaja se reparte entre esas dos entidades. En la lista de esas remuneraciones, hay una de ¢20 millones al mes.
Así se desprende de un análisis que realizó La Nación de las planillas de julio del 2017, de las instituciones que integran los tres poderes de la República, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de cuatro universidades públicas: UCR, Tecnológico de Costa Rica (Tec), Universidad Nacional (UNA) y Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Se incluyó además a cuatro autónomas: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
En total, se revisó la remuneración mensual de 229.772 funcionarios del Estado de 37 entidades distintas.
A ese grupo de 1.165 asalariados millonarios –el 0,51% del total de las planillas analizadas– será al que se le congelará su sueldo por dos años, con la reforma fiscal que entró a regir el 4 de diciembre.
Se les aplicará el transitorio XLIX de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, según el cual, durante 24 meses no se autorizará ningún incremento salarial para empleados públicos que ganen ¢4 millones o más, por mes.
De esa manera, esos altos salarios públicos no podrán crecer ni siquiera por la creación de un nuevo plus, como ha sucedido en el pasado, pues la reforma lo impide, a menos que sea por una nueva ley.
En ese grupo de funcionarios no aparece ninguno de los ministros y viceministros de Carlos Alvarado; ni sus dos vicepresidentes Epsy Campbell y Marvin Rodríguez, pues ganan menos de ¢4 millones.
No obstante, el transitorio XLIX de la reforma también los cobija a ellos. Dentro del congelamiento se incluyó a quienes ostenten esos cargos, independientemente de cuanto ganen. Esa medida también aplica para los diputados, presidentes ejecutivos o gerentes de descentralizadas.
Del gabinete, solo Rodolfo Méndez, jerarca de Transportes; y André Garnier, ministro de Coordinación con el Sector Privado, no serán afectados, pues reciben pensión.
Más que otros juntos. De las 37 planillas analizadas, la de la Caja registra más salarios millonarios: 417 funcionarios ganaron entre ¢4 millones y ¢20 millones de salario ordinario en julio de 2017.
Los beneficiados son el 0,75% de la totalidad del personal que trabaja para alguno de los centros médicos que tiene la Caja (55.763 funcionarios) en todo el país, en labores de atención a pacientes y administrativas.
Los médicos y los funcionarios con varios años de labor y que acumulan varias anualidades, serán los más afectados con el congelamiento salarial.
En la UCR, es el 3% de la planilla, 306 trabajadores, quienes ostentan sueldos superiores a los ¢4 millones y hasta de ¢9,4 millones. Principalmente, profesores catedráticos.
Por separado, en la CCSS y en la UCR hay más salarios millonarios que en los tres poderes de la República y el TSE juntos, órganos que en conjunto suman 284 sueldos superiores a ¢4 millones, o sea, 133 menos que en la Caja y 22 menos que en la Universidad de Costa Rica. Eso ocurre a pesar de que emplean muchos menos trabajadores.
Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene una planilla 13 veces más grande que la UCR y solo registra 100 funcionarios con salarios de más de ¢4 millones, un 200% menos que en esa casa de enseñanza (306).
Incluso, en 15 ministerios (o instituciones cuyo jerarca tiene rango de ministro) ningún funcionario gana más de ese límite fijado en la reforma fiscal.
En el Poder Judicial son 120 funcionarios quienes ganan más de ese monto al mes y en el Legislativo son 59 –incluyendo a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes–; mientras, en el Tribunal son cinco.