1.488 asociaciones solidaristas sin supervisión de la Sugef
Regulador acordó que solo vigilarán a las entidades con activos de ¢35.000 millones o más
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) eximió de la vigilancia regulatoria de parte de la Sugef a 1.488 asociaciones solidaristas y 40 cooperativas de ahorro y crédito.
Para determinar el parámetro de fiscalización, el Consejo estableció el límite de activos de ¢35.000 millones. Las entidades por debajo de dicho monto están exentas del control, según el acta 1469-2018 del pasado 18 de diciembre del 2018.
En el acuerdo, el mencionado consejo también dictó que las entidades excluidas de la tutela de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no tendrán que entregar información financiera básica, pese a que así se había acordado en noviembre del 2017.
El Conassif dispuso, además, que las cooperativas no fiscalizadas estarán bajo la supervisión del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), entidad intervenida por anomalías en su administración, desde febrero del 2017.
En el caso de las solidaristas, será el Ministerio de Trabajo el fiscalizador. A ambos tipos de entidades se les mantiene la obligación de cumplir con la reserva de liquidez en el Banco Central. Este es un fondo del 15% de las captaciones de recursos de sus asociados.
Tras establecer el umbral de activos, el Consejo dictó que 24 cooperativas, de un total de 64, serán fiscalizadas, las cuales ya están bajo los parámetros de Sugef.
En el caso de las asociaciones solidaristas solo cinco comenzarán a entregar información, de un total de 1.493 entidades inscritas ante el Ministerio de Trabajo.
Las solidaristas que serán fiscalizadas por la Sugef son en su mayoría de instituciones públicas: Asociación Solidarista de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (ASECCSS), la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio), la Asociación Solidarista de Empleados del Banco de Costa Rica (Asobancosta) y la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud).
Del sector privado la única será la Asociación Solidarista de Empleados de la Corporación de Supermercados Unidos. Esta es la de los trabajadores de Walmart.
La supervisión efectiva de estas organizaciones asociativas iniciará a finales del 2020.
Tanto el sector solidarista como el cooperativo tienen un peso relevante en la economía costarricense. El primero cerró el año pasado con un patrimonio de más de ¢1,6 billones, mientras que el segundo de ¢581.546 millones.
Fundamento de decisión. Genaro Segura, jerarca a.í. de la Sugef, explicó que para establecer cuáles nuevas entidades supervisar, el nivel mínimo de activos fue clave, así como la cantidad de créditos y depósitos que poseen con el Sistema Financiero Nacional.
“La determinación de cooperativas y solidaristas por supervisar responde a la relevancia de las entidades en el sistema financiero y a los riesgos de impacto que le podrían conllevar si fracasaran”, afirmó Segura.
El funcionario descartó que la decisión del Consejo deje desprotegidas a las miles de personas afiliadas a cooperativas o grupos solidaristas, pues están bajo la vigilancia y control legal del Infocoop y el Ministerio de Trabajo.
Por otra parte, el Conassif cuestionó que tanto en el sector cooperativo como el solidarista persiste una “cultura de informalidad”, pues tienen niveles bajos de cumplimiento de información.
El 62% de las entidades solidaristas y el 25% de las cooperativas de ahorro y crédito no entregó la información pedida por el Consejo y ni la ha reportado al Banco Central.
“La mayor rigurosidad que implicaría una supervisión directa bajo los criterios que habitualmente impone la Sugef, posiblemente agravaría sus posibilidades de adaptación y subsistencia”, argumentó el Conassif.
Guido Alberto Monge, vicepresidente del Movimiento Solidarista Costarricense, descartó que en el sector haya informalidad porque deben cumplir con requerimientos legales en protección de los recursos de sus asociados.
“No todas las organizaciones pueden soportar una supervisión que es cara. Debe recordarse de que entre el 75% y el 80% de las asociaciones solidaristas son pequeñas”, recalcó Monge.
Enfatizó que las organizaciones han fortalecido sus gobiernos corporativos.