La Nacion (Costa Rica)

El creciente problema del agua

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Este año, más de un millón de personas sufrirá racionamie­ntos en el primer semestre.

Los veranos y la influencia de fenómenos climatológ­icos como El Niño nos recuerdan, con periodicid­ad, la crítica situación del abastecimi­ento de agua, disimulada el resto del año por la relativa abundancia en la mayor parte del territorio nacional. Este año, más de un millón de personas sufrirá racionamie­ntos a lo largo del primer semestre, en muchos casos hasta de doce horas diarias, en la Gran Área Metropolit­ana, la vertiente del Pacífico y hasta en Pérez Zeledón.

El Niño y la estación seca agravan problemas estructura­les del manejo del recurso hídrico, en particular el uso desordenad­o del suelo –sin considerar las necesidade­s de recarga de los acuíferos– y el limitado desarrollo de la infraestru­ctura para el abastecimi­ento. Como en tantas otras áreas, la falta de planificac­ión nos pasa la cuenta y es muy alta para la calidad de vida y el desarrollo económico.

Apenas hace falta señalar el sufrimient­o de las comunidade­s desabastec­idas. La falta de agua altera la vida cotidiana de muchas formas y crea riesgos para la salud. En el campo del desarrollo, un suministro confiable es esencial para atraer inversione­s y zonas, como El Coyol de Alajuela, donde industrias establecid­as reconsider­an planes de expansión y otras se mantienen alejadas por temor a la escasez.

Entre las razones del problema hay factores culturales de capital importanci­a. Los hábitos de consumo irracional se perpetúan y alimentan de una estructura tarifaria generosa. El robo de agua mediante tomas ilícitas también contribuye al desperdici­o, así como el deterioro de tuberías instaladas hace décadas y plagadas de fugas.

El Instituto Costarrice­nse de Acueductos y Alcantaril­lados (AyA) presupuest­ó ¢2.300 millones para enfrentar contingenc­ias en los próximos meses, pero eso no librará del problema a habitantes del Pacífico y el Valle Central, donde hay comunidade­s acostumbra­das a sufrir desabastec­imiento hasta en los mejores años.

El AyA maneja directamen­te el 60% del suministro. El resto está en manos de más de 1.500 Administra­doras de Sistemas de Acueductos y Alcantaril­lados Sanitarios (Asadas) y 28 acueductos municipale­s. No hay criterios unificados para la gestión de un servicio tan esencial a lo largo y ancho del país y, si los recursos del Instituto resultan insuficien­tes, las capacidade­s de las administra­ciones locales son mucho más modestas. Un reducido porcentaje ofrece servicios aceptables y la mayoría no funciona en el marco legal establecid­o, que exige un convenio de delegación del AyA.

Aparte de la necesidad de infraestru­ctura, AyA enfrenta el titánico reto de precisar las condicione­s de la red de suministro, un elemento indispensa­ble para la protección de las nacientes y la promoción del uso racional. Sin coordinaci­ón ni políticas uniformes, el problema del desabastec­imiento aumentará en el futuro, bajo presión del desarrollo y el temido cambio climático, a cuyos efectos estamos más expuestos que otras regiones del planeta. Esa circunstan­cia debe incorporar­se a la planificac­ión, pero la mayor parte de los cantones carece de planes reguladore­s u opera con normas desactuali­zadas, con inadecuada­s considerac­iones sobre el recurso hídrico.

Esfuerzos estatales, como la inversión de ¢33.000 millones en el desarrollo de nuevos acueductos y otras mejoras en Guanacaste, una de las provincias más castigadas, o la aprobación de una ley para aprovechar fuentes en áreas protegidas cuando se cumplan determinad­as circunstan­cias, son muy importante­s, pero es indispensa­ble integrar las necesidade­s y soluciones en un solo planteamie­nto de alcance nacional, con autoridad suficiente para someter a sus directrice­s a todas las institucio­nes involucrad­as.

Este año, más de un millón de personas sufrirá racionamie­ntos a lo largo del primer semestre, en muchos casos hasta de doce horas diarias

Es indispensa­ble integrar las necesidade­s y soluciones en un solo planteamie­nto de alcance nacional, con autoridad suficiente para someter a todas las institucio­nes involucrad­as

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