Sala IV rechaza recursos de Arias por caso Crucitas
››Abogados de exmandatario insisten en que no hay delito alguno La Sala Constitucional rechazó una pretensión de la defensa del expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, para que conocieran una supuesta violación a los derechos constitucionales del exmandatario en el proceso penal que se le sigue por el caso Crucitas.
Los magistrados, en la sesión de anteayer, se negaron a analizar dos acciones, un recurso de amparo, presentado en setiembre del 2018 y un
planteado en enero anterior.
En ellos se cuestionaban decisiones de jueces penales, que en criterio de los abogados del exmandatario violaban el debido proceso y la libertad personal.
“La Sala Constitucional, de forma unánime, desestimó ambos recursos por considerar que se referían a aspectos que debían ser vistos en vía penal y no constitucional. La resolución, incluyendo el por tanto, está en redacción”, informó Alonso Mata Blanco, jefe de prensa de la Sala IV.
Rodolfo Brenes Vargas, uno de los abogados defensores de Arias, dijo que no le habían notificado la resolución, por lo cual no podía opinar con mucho detalle.
“Sí quisiera aclarar dos cosas. Primero, la Sala rechazó los recursos porque considera que los temas planteados deben discutirse dentro del proceso penal, no porque no se haya producido el vicio que alegamos.
“Lo segundo, es que los recursos trataban de temas procesales, no cuestiones de fondo. Así que el rechazo no afecta el fondo del caso, donde seguimos sosteniendo que no se cometió delito alguno” manifestó. Óscar Arias se presentó el lunes 28 de enero a la audiencia preliminar en los Tribunales de Goicoechea. Allí se alegó que el caso Crucitas está prescrito.
HECHOS RELEVANTES
Defensa. El abogado alegó que ahora será en los tribunales penales en donde demostrarán que Óscar Arias no cometió ningún hecho ilícito, cuando, en el 2008, se firmó un decreto que declaró de interés público y de conveniencia nacional la
fallida explotación minera en Crucitas de Cutris, San Carlos.
Precisamente, en ese caso, se está a la espera de que el Juzgado Penal de Hacienda determine si el exmandatario, así como el exministro de Ambiente, Roberto Dobles
Mora y otros seis funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, deben enfrentar un juicio por ese asunto específico.
A cada uno de ellos se les juzga por el delito prevaricato, que sanciona con hasta seis años de prisión al funcionario que dicte resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos.
“No tenemos la más mínima duda, aquí (en la firma del decreto) no existe delito alguno. Por lo pronto, seguiremos esperando la resolución del Juzgado Penal, que deberá determinar si se dicta un sobreseimiento desde ya, o si el asunto debe elevarse a juicio. En cuyo caso, atenderemos la audiencia correspondiente, seguros de la inocencia de don Óscar”, enfatizó el abogado defensor del exmandatario.