El ir y venir de una resolución

La huelga de maestros fue inicialmente declarada ilegal por el Juzgado de Trabajo –primera instancia– en octubre, cuando el juez Francisco Quesada consideró que no se trató de un movimiento pacífico ante la existencia de bloqueos. Cuando la decisión fue apelada ante el Tribunal, los juzgadores devolvieron la resolución por considerar que requería mayor fundamentación.

El asunto llegó a manos del juez Víctor Orozco Zárate, quien el 28 de noviembre, reiteró la ilegalidad, también basado en que se irrespetó el requisito de huelga pacífica, y porque el movimiento afectó “servicios esenciales”, como la alimentación de los estudiantes en los comedores de los centros educativos.

Una nueva apelación de los sindicatos del Magisterio puso otra vez el caso en manos del Tribunal, que finalmente revocó la decisión y determinó la legalidad del movimiento. El cese de labores de los maestros provocó que más de 79.000 alumnos se quedaran sin recibir alimentación porque más del 50% de los centros educativos estaban cerrados. Además, hubo atrasos en la entrega de notas y los estudiantes de último año de colegio no tuvieron preparación para las pruebas de bachillerato, lo que impactó negativamente en los resultados. También complicó la tramitación de becas para 22.000 estudiantes pobres. Actualmente, el MEP investiga a directores que no se presentaron a entregar las notas de trimestres pendientes y a docentes que aprovecharon la huelga para salir del país; 22 han sido despedidos por esa causa.

De hecho, todavía a inicios de febrero, 10 educadores seguían en huelga a la espera de la decisión del Tribunal de Trabajo.