19 personas son indagadas por caso de cemento chino
Pesquisa cumple año y cinco meses; aún no hay acusación
El 3 de noviembre del 2017 una noticia sacudió al país. Ese día, fue capturado el empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas y seis altos funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR), por sospechas de corrupción con el otorgamiento de créditos bancarios.
Año y medio después de ese golpe judicial, el denominado caso del cemento chino mantiene a 19 personas bajo investigación. De ellas, solo Bolaños, presunto gestor de la sustracción de bienes públicos, permanece en prisión preventiva.
A esta causa le siguieron 10 investigaciones paralelas a las que, directa o indirectamente, se les relaciona con este caso y sus protagonistas.
No obstante, como aclaró el Ministerio Público ante solicitud de este diario, solo tres expedientes se desprenden de aquellas acciones que iniciaron el 3 de noviembre contra Bolaños y los directivos bancarios.
Todas esas causas están en proceso de investigación, es decir, en la etapa de recolección de evidencias, aún distantes de una acusación formal.
El legajo principal (16000013-0033-PE) involucra a ocho personas. Ellos son Juan Carlos Bolaños, presidente de la empresa Sinocem Costa Rica, y Mario Barrenechea Coto, exgerente del BCR.
También figuran los jerarcas del BCR Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Gilberth Barrantes Campos, gerente Corporativo de Riesgos; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito; y Paola Mora Tumminelli, expresidenta de la Junta Directiva.
A ellos se les investiga por el delito de peculado (sustracción o distracción de bienes públicos), que el Código Penal castiga con prisión de tres a 12 años de prisión.
La Fiscalía los señala como responsables de facilitar, presuntamente de manera irregular, que el BCR financiara con $30 millones a Bolaños, en representación de Sinocem, para importar cemento desde China. El hecho ocurrió entre el 2015 al 2017.
En un segundo expediente (17-000013-0033-PE) se analiza otro préstamo de $5 millones, pero otorgado por el Banco Popular en el 2015, también a empresas de Bolaños para la importación de cemento.
Aquí figuran nueve personas, igualmente por peculado.
Se trata de Juan Carlos Bolaños, dos gerentes de Sinocem de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga. También hay seis funcionarios del Popular: Bogantes Brenes, analista de crédito; Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos; Delgado Negrini, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa; Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial, Arias Silesky un perito, y Thompson Camacho, analista de crédito.
Esta pesquisa también alcanzó a Ana Laura Suárez Aguiar, esposa de Bolaños.
Finalmente, se tramita el expediente 15-000022-0033-PE en el cual figuran como imputados los exdiputados Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario; y Víctor Morales Zapata, quien llegó al Congreso en la papeleta del Partido Acción Ciudadana (PAC).
A ellos se les vincula por el delito de tráfico de influencias pues, al parecer, habrían realizado gestiones desde sus cargos de legisladores para favorecer la importación de cemento.
Negocio del cemento. El caso del cemento chino trascendió en junio del 2017 cuando el diario digital CRHoy divulgó supuestas anomalías con los préstamos bancarios hechos a la empresa Sinocem Costa Rica para la importación de cemento desde China. El caso se fundamentaba en denuncias que presentaron directivos bancarios del BCR en sesiones de la Junta Directiva.
El 19 de julio de ese mismo año, ante el escándalo que se había generado, la Asamblea Legislativa integró una comisión especial de investigación para analizar las presuntas irregularidades con los créditos otorgados.
Precisamente, en esa comisión fue donde comenzaron a trascender hechos conexos sobre la presunta influencia de Bolaños sobre políticos y funcionarios judiciales.
Esa cadena de vínculos generó que, en octubre del 2017, la Corte Plena separara al fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, por considerar que, presuntamente, incumplió con su trabajo luego de que en el 2015 recibió denuncias sobre supuesto tráfico de influencias entre Guevara, Morales y Bolaños.
Asimismo, los diputados destituyeron al magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, por los nexos con Bolaños y otros dos altos jueces de esa sala.
Entre tanto, los magistrados Carlos Chinchilla Sandí y Doris Arias Madrigal, se acogieron a la pensión, luego de ser sancionados por desestimar una causa penal contra los exdiputados Guevara y Morales.
La entonces fiscala general interina, Emilia Navas Aparicio, nombrada a mediados de octubre del año 2017, ordenó el 3 de noviembre de ese mismo año la captura de Bolaños, así como de los jerarcas del BCR.