Jueza fustiga iniciativa de extinción de dominio
Rosaura Chinchilla, coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la UCR y jueza de apelación penal, afirmó que mantiene las objeciones principales contra el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, con el cual el Estado pretende decomisar bienes producto del crimen o ligados a este.
La jurista lamentó que se pretenda perseguir bienes sin causa lícita aparente porque, si el Ministerio Público le atribuye esa categoría a un bien, le toca al ciudadano demostrar que sí lo tiene.
Casos hipotéticos. Chinchilla expuso dos ejemplos sobre el eventual comiso de bienes lícitos, que tildó de desproporcionados, pero precisamente porque alega que no hay criterios claros sobre la propocionalidad en el plan.
“Si a uno le atribuyen que, en una casa adquirida lícitamente, escondió una bicicleta robada, por ejemplo, puede caer esa casa en extinción de dominio, sin diferenciar criterios de razonabilidad.
”Si hay ¢100 de origen ilícito mezclados en una cuenta con ¢1 millón de origen lícito, se podría decomisar todo”, comentó.
“Se invierte la carga de la prueba en ese punto, porque no se necesita un delito, solo que el Ministerio Público diga que aparentemente no se puede probar cómo se obtuvo”, comentó Chinchilla.
Para la juzgadora, la intención del proyecto sería invertir la carga de la prueba alegando que es materia administrativa, “donde no se tiene el principio constitucional de inocencia”.
No obstante, enfatizó que ya hace varios años la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que, en materia administrativa, rigen todos los principios de los asuntos penales, por lo que es imposible invertir la carga de la prueba.