Tribunal ve demanda de muelleros por ¢4.700 mills. en favor de Japdeva
››Monto sería para resarcir pérdidas por el modelo de atención de buques
El pago de al menos ¢4.700 millones por las presuntas pérdidas de Japdeva, es lo que pretende una demanda interpuesta contra el Estado costarricense y la firma privada APM Terminals.
El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y José María Villalta, diputado del Frente Amplio, argumentan una afectación para la institución debido al modelo de distribución de atención de buques de carga entre el muelle estatal y el megapuerto operado por los holandeses.
La denuncia fue presentada ante el Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda el 8 de abril y esta instancia deberá definir si la repartición de buques comerciales en Moín se apega o no al contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Según los recurrentes, la cifra que reclaman equivale a las pérdidas que habría sufrido la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) con las operaciones de la TCM.
“Estos daños y perjuicios se estiman preliminarmente en ¢4.700 millones por concepto de principal de los ingresos que habría recibido Japdeva si se le hubiera permitido seguir operando normalmente. Sin embargo, dado que este monto puede seguir creciendo, mientras duren los efectos de los actos impugnados, la cuantía de esta demanda se fija como cuantía inestimable” , señala.
Entre los testigos que se ofrecen, se incluye al exjerarca de Japdeva, Greivin Villegas, removido de su puesto por el mandatario Carlos Alvarado, por “no estar alineado” con la posición del Gobierno.
Villegas también había manifestado su oposición a la directriz del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de enviar todos los buques portacontenedores al megapuerto, dejando apenas el 30% de la carga comercial al muelle estatal.
Ese modelo de repartición de naves, según la Junta Directiva de la entidad portuaria, dejó la institución a las puertas de la quiebra, pues arrastra cuatro años de pérdidas.
Los accionantes reclaman, además, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tomó atribuciones que son de la entidad portuaria. A raíz de eso, añaden, comenzó a enviar algunos tipos de navíos al megapuerto con criterios que supuestamente irrespetan lo pactado entre el Estado, Japdeva y la empresa APM Terminals, en el contrato de la TCM.
“Las actuaciones ilegales del Poder Ejecutivo que se reclaman pueden llevar, en el corto tiempo, a la quiebra de Japdeva, no pudiendo garantizar la continuidad de los servicios públicos portuarios que le son propios por ley, el pago de salarios, la gestión de desarrollo y demás obligaciones que le competen, afectando seriamente la paz social en la provincia de Limón”, dicen.
El Ministerio de Obras Públicas alega que un criterio de la Procuraduría General de la República avala las medidas aplicadas, al ser el ente rector del sector marítimo en Costa Rica. Bajo esa condición, con sidera que está encima de las atribuciones de Japdeva.
La presidenta de Japdeva Andrea Centeno, dijo que res peta dichos procesos legales y el fallo de los tribunales.