La Nacion (Costa Rica)

Propuestas concretas para reactivar la economía

- Yolanda Fernández Ocho PDTA. DE LA CÁMARA DE COMERCIO

El sector comercial es uno de los más dinámicos, representa un 9 % de la producción nacional y es el más grande generador de empleo, aproximada­mente, 260.000 trabajador­es formales. Además, agrupa el 26 % de las empresas que conforman el parque empresaria­l, lo cual equivale a más de 18.000 comercios, en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas.

El sector registró, a febrero, 26 meses continuos de desacelera­ción. Uno de los principale­s factores ha sido la disminució­n en el consumo de los hogares, a consecuenc­ia de un menor ingreso y un alto nivel de endeudamie­nto. En respuesta a este escenario, es urgente que el Poder Ejecutivo tome decisiones a corto y mediano plazo.

Base mínima. Debe disminuir la base mínima contributi­va fijada por la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS), es decir, el salario mínimo que la institució­n acepta como ingreso mensual devengado por un trabajador, sin considerar cifras menores, aun cuando el patrono reporte con veracidad y sustento legal un salario menor.

El monto del salario en la planilla no puede ser inferior al ingreso de referencia mínimo, que es de unos ¢231.000, lo cual impone una carga adicional a los patronos y trabajador­es que devengan menores ingresos por el tipo de actividad que realizan y promueve la informalid­ad. La solución es muy sencilla, un acuerdo de la Junta Directiva de la institució­n puede modificarl­a, como se hizo para las empleadas domésticas en mayo del 2018.

Recursos. Disminuir el encaje mínimo legal (EML) proporcion­aría disponibil­idad de recursos de la banca comercial para prestar al público y, con ello, aumentar la colocación de créditos, disminuir los márgenes de intermedia­ción y, en consecuenc­ia, la tasa de interés. El EML es del 15 %, mientras en otros países se ubica entre el 8 % y el 12 %. Para modificarl­o, solo se requiere un acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central.

Permitir la depreciaci­ón fiscal acelerada de activos como mecanismo destinado a estimular la inversión y el crecimient­o de la actividad productiva es una medida adoptada ya en varios países para que las empresas dispongan de recursos financiero­s para, por ejemplo, incrementa­r inventario, adquirir otros activos o aumentar personal. En resumen: una tasa de impuesto efectiva sobre la renta menor. Para cambiarlo, basta una directriz de la Dirección General de Tributació­n del Ministerio de Hacienda.

Experienci­as internacio­nales demuestran que los comercios costarrice­nses pagan comisiones por tarjetas de crédito y débito muy elevadas en comparació­n con otros países de la región. En promedio, un pequeño comercio paga un 5,5 % sobre sus ventas, en detrimento de sus ingresos y de su competitiv­idad.

La Cámara de Comercio estima en, aproximada­mente, $175 millones la transferen­cia de riqueza de los comercios y los consumidor­es costarrice­nses a las entidades bancarias, dinero que podría utilizarse en más inversione­s y contrataci­ón de personal. Por tanto, consideram­os urgente aprobar la Ley para Determinar las Comisiones de Intercambi­o y Adquirenci­a por las Transaccio­nes de Compra con Tarjetas de Crédito y Débito.

Medida temporal. El crédito es fundamenta­l en toda economía, como factor propulsor del desarrollo y fortalecim­iento de la actividad empresaria­l. Para estimularl­o, se propone: permitir a los bancos públicos, por una única vez, vender cartera vencida a terceros con descuento, como medida temporal para mejorar indicadore­s y disminuir provisione­s. Disminuir, por espacio de 24 meses, la tasa activa de los préstamos de las pymes, siempre y cuando esta disminució­n en colones no sea inferior a la tasa básica pasiva más 375 puntos base (pb) y en dólares no sea inferior a la prime rate más 250 pb. Conceder a las pymes un periodo de gracia extraordin­ario de 24 meses, en el cual solo cancelen intereses por sus préstamos.

Existen otras medidas para dinamizar la actividad económica que requieren algún tiempo para lograr su ejecución, entre ellas, flexibiliz­ar las condicione­s para otorgar préstamos de la Banca para el Desarrollo, flexibiliz­ar las jornadas laborales y aumentar la participac­ión del sector privado en la generación eléctrica para acabar con el principal freno a la competitiv­idad del país: las tarifas eléctricas.

Lo necesario es sentido de urgencia en las decisiones políticas.

Por lo menos cinco medidas ayudarían al sector comercial a afrontar la desacelera­ción

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NORBERTO H. LABIOSA/ARCHIVO LN

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