Duros castigos contra tenencia ilegal de armas
Reforma firmada ayer por el mandatario impone condenas hasta de 8 años de prisión
El presidente Carlos Alvarado firmó este jueves la ley que aumenta las penas de prisión por portación y tenencia ilegal de armas.
Se trata del texto tramitado bajo el expediente legislativo 20.508 o reforma parcial a la Ley de Armas y Explosivos. Entrará en vigor en cuanto se publique en el diario oficial La Gaceta.
La ley elimina el trabajo comunal como castigo para quienes posean un arma sin haberla inscrito y aumenta las condenas de prisión por su incumplimiento.
Por ejemplo, impone una pena de entre 2 y 4 años de cárcel a quien porte un arma lícita sin contar con el permiso, cuando en la actualidad la pena es de entre seis meses y 3 años. También, fija entre 3 y 5 años a quien tenga en su poder un arma permitida que no esté registrada. Hoy, esa condena es de tres meses e incluso se puede descontar con trabajo comunitario.
De igual forma, se duplicará el castigo al portador de un arma que sea del todo ilegal: la condena ahora será de 4 años en vez de los dos actuales.
Las multas irán desde ¢446.200 hasta ¢1,3 millones para quienes omitan reportar el robo o pérdida de un arma. La ley establece un transitorio de seis meses para los propietarios de armas de fuego permitidas que no están registradas a su nombre, para que inicien el proceso de inscripción.
También, sanciona con una multa equivalente a cinco salarios base a las casas de empeño que reciban armas de fuego en garantía de préstamo, así como municiones, explosivos y materiales relacionados. Los negocios también podrían perder su licencia comercial.
Asimismo, la pena por poseer, comprar, vender, exportar, ocultar, fabricar o usar armas prohibidas será de 8 años en vez de los 4 actuales.
Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, destacó que esta legislación ayudará a establecer controles más efectivos a la portación ilegal de armas, porque las sanciones son más fuertes.
Señaló que, en la calle, el decomiso de armas ilegales por parte de la Policía es algo cotidiano. En lo que va del año, la Fuerza Pública ha confiscado 863 armas de fuego, 34 menos que a la misma fecha del año anterior.
De igual forma, Soto informó de que Costa Rica registra hasta hoy 207 homicidios, 47 menos que las del mismo periodo del 2018. El 67% de esos homicidios, según el ministro, ocurrieron con arma de fuego. De ahí que señaló la importancia de controlar el uso de las armas en el país.
Por su parte, Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recordó que, en años anteriores, el 70% de homicidios dolosos se cometió con armas de fuego. Con esta ley, que castiga con sanciones mayores, el jerarca considera que se desestimulará el uso de armas ilegales en el país.
Previo a la firma, el presidente destacó la vocación de paz de Costa Rica. Dijo que esa ley es consecuente con dicho espíritu.
“No podemos tener un país que lucha por la paz y la persigue, mientras no tengamos esta regulación en materia de armas”, señaló Alvarado.
A la actividad acudieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, y legisladores miembros de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad que dictaminaron el proyecto.
La Asamblea también tramita el expediente 20.509, el cual es una reforma a los artículos 7, 20, 23 y 51 de la Ley de Armas y Explosivos. Tal propuesta, entre otras elementos, reduce de tres a dos la cantidad de armas que cada persona puede poseer legalmente.