Liberación y PUSC quieren restringir extinción de dominio
››Alcances estarían vinculados al narco, lavado de dinero y crimen organizado
Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC) pretenden realizar cambios al proyecto sobre extinción de dominio, luego de que especialistas señalaran que la última versión del texto amenaza derechos fundamentales de los ciudadanos y contiene múltiples falencias.
El diputado Gustavo Viales, presidente de la comisión que dictaminó la iniciativa, confirmó que una de las intenciones de la bancada verdiblanca es delimitar su alcance a delitos vinculados con narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.
También, propone dejar en manos del Ministerio Público la responsabilidad de probar los delitos, en vez del ciudadano, como lo establece el plan actual.
Viales confirmó a La Nación que las mociones para realizar tales ajustes estarían listas en una o dos semanas. No obstante, el parlamentario no descartó que se puedan proponer más cambios antes de que el proyecto (número 19.571) sea sometido a votación en el plenario.
“Existen algunos temores de que el proyecto pueda afectar derechos constitucionales y nosotros hemos recibido la interpretación de que hay que hacer cambios y lo vamos hacer, siempre sabiendo que esta será una herramienta fuerte contra el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo.
Pablo Heriberto Abarca, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y miembro de la comisión dictaminadora, coincide con las propuestas de Viales.
“La fracción ha dicho que si no hay cambios, lo vota negativo”, afirmó Abarca. Añadió que la posición del PUSC ha sido invariable desde un inicio.
Abarca alega que el proyecto debe tener una mira láser, es decir, que se dedique a combatir el narcotráfico, al lavado de dinero y el crimen organizado; pero respetando las garantías constitucionales.
“Que sea herramienta aplicable, pero que no se convierta en un tribunal de injusticia y de persecución”, expuso.
La extinción de dominio es un mecanismo que permite al Estado apropiarse de bienes obtenidos por terceros mediante actividades ilícitas como narcotráfico, lavado y terrorismo; es decir, es una herramienta para perseguir y decomisar, sin derecho a indemnización, los bienes originados por esos ilícitos.
Al texto original, presentado el 13 de mayo del 2015, por el entonces diputado liberacionista Antonio Ávarez le han sucedido cinco versiones.
La última de ellas, dictaminada a finales de abril por la comisión especial de extinción de dominio, acoge observaciones del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y el Instituto Costarricense sobre Drogas.
La versión detalla 18 delitos a los cuales se les podría aplicar la extinción de dominio.
Algunos de ellos son narcotráfico, legitimación de capitales, corrupción pública, tráfico de influencias, tráfico de armas, terrorismo, trata de personas, ciberdelincuencia, sicariato, evasión fiscal y delitos tributarios, proxenetismo y genocidio, entre otros.
No obstante, el último texto ha provocado críticas porque sugiere que el Estado podría iniciar un proceso de decomiso sobre cualquier bien, de cualquier ciudadano, ante sospechas o dudas sobre su origen.
Además, deposita en el ciudadano la obligación de demostrar con evidencias que sus bienes fueron obtenidos de manera lícita, invirtiendo de este modo la carga de la prueba y violentando el principio de inocencia.
La Comisión de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) llegó a la conclusión de que la actual versión del plan conllevaría quebrantar la presunción de inocencia y el derecho del ciudadano a no declarar contra sí mismo.
“De ser un proyecto de ley para desarticular el crimen organizado a partir de la supresión de ganancias, pasa a ser un proyecto con el que se pretende incautar todo capital cuyo origen no pueda ser explicado por parte de su titular, siendo intrascendente cuál sea ese origen”, dice el informe de los penalistas de la Universidad.