Minicarteles amplían nicho a robo de autos y combustible

››Acciones disparan luchas entre bandas y muertes de sus miembros

Las usuras con préstamos gota a gota, que se otorgan sin mayor garantía ni trámite; el robo de vehículos y la sustracción de combustible del poliducto del Estado son parte de los nuevos nichos en los que los minicarteles criollos del narco han incursionado en los últimos cinco años.

Los préstamos les permiten colocar en el mercado dinero que es producto del lavado de dólares o de la venta de drogas, pero en su afán delictivo, estas organizaciones de repente cambian de modo unilateral las condiciones del crédito, para obtener intereses de usura y amenazan a los clientes si no pagan.

Así se desprende del informe que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presentó este viernes, referido a la criminalidad en el país entre el 2014 y el 2018.

El documento revela que los narcos cuentan con grupos especializados en “ordeñar” el poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para abastecer lanchas del narco, avionetas o ultraligeros, sin necesidad de dejar la evidencia que se reflejaría en compras a gasolineras.

Como el Estado vende el diésel de forma exonerada a las lanchas pesqueras del país, los narcos también usan esas embarcaciones para actividades ilícitas, como se ha comprobado con las constantes capturas de lanchas pesqueras cargadas de droga.

Según Randall Zúñiga, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) de la Policía Judicial, esa diversificación o ampliación del portafolio delictivo ha incrementado las luchas entre grupos y las muertes por ajustes de cuentas.

“También hay una gran rotación dentro de estos grupos, porque hay personas que quieren desbancar al que tiene el mando de la organización”, explicó Zúñiga.

Otra característica de estos minicarteles es que ya no es necesario que los mandos medios pregunten al líder si proceden a matar a alguien; ahora simplemente lo hacen.

Recordó que, años atrás, la droga iba solo de paso por nuestro país, pero desde hace un par de décadas el panorama cambió, porque los pagos, que antes se hacían con efectivo, ahora se hacen con droga.

Lo anterior porque un kilo de cocaína en Costa Rica cuesta unos $6.000 (¢3,6 millones) pero el narcotraficante que la transforma en crack obtiene una ganancia de hasta $24.000 por kilo, razón por la cual se disparó el consumo de ese derivado de la cocaína, que es sumamente adictivo.

Toda esto disparó los homicidios y fue hasta el año pasado que se contuvo la línea de crecimiento, mediante una serie de acciones como aumentar el número de policías, equiparlos mejor, endurecer las leyes contra el crimen organizado y las que controlan la tenencia de armas de fuego, entre otras.

Para este año, la meta es que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes baje a 10; actualmente está en 11,3.

Hasta ayer, el OIJ registraba 203 asesinatos, contra 253 en el 2018, es decir 50 menos.

Wálter Espinoza, director del OIJ, afirmó que en tiempos de crisis fiscal se le quitan recursos a la seguridad sin tomar en cuenta otros aspectos.

El jefe policial dijo que si en Costa Rica hay problemas de falta de inversión, desempleo y

otros, se debe trabajar más en seguridad.

“Queremos que las conciencias se despierten y valoren lo que está sucediendo. Si la situación criminal decrece, eso es bueno para la economía, la parte social y la educación, pero si no es así, la situación del país es complicada”, dijo.