Diputado recibió pago de cesantía improcedente
Jonathan Prendas cobró ¢9 millones a Asamblea al pasar de asesor a legislador
El diputado Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, le cobró ¢9 millones por cesantía a la Asamblea Legislativa cuando pasó del cargo de asesor de confianza al puesto de legislador de la República.
Ahora, una respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) a la presidencia del Congreso concluye que este tipo de pagos es improcedente.
El 19 de abril del 2018, exactamente 11 días antes de asumir el cargo de diputado, Jonathan Prendas le presentó un reclamo formal al Parlamento para exigir el pago de los derechos laborales, “en virtud de haber finalizado su relación de trabajo con la Asamblea”.
El hoy congresista entró a Cuesta de Moras como asesor de confianza de diputado Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, entre el 2011 y el 2014. Luego, se desempeñó como asesor de confianza del exlegislador Fabricio Alvarado, en la fracción del mismo partido, entre el 2014 y el 2018. En los últimos tres meses del 2018, trabajó con Alexandra Loría Beeche, quien sustituyó a Alvarado.
Según consta en la resolución administrativa 076-2018, la Asamblea le giró a Prendas Rodríguez ¢9 millones por prestaciones legales al término de su nombramiento como asesor de confianza.
Ese monto se compone de ¢8,4 millones por 154 días de cesantía más unos ¢600.000 por días de vacaciones.
El pago fue aprobado por el Directorio legislativo el 2 de mayo del 2018, dice la resolución, cuando Prendas ya era diputado. Además, se acordó cancelarle el aguinaldo y el salario escolar en las fechas de pago ordinario.
Otros dos legisladores también pasaron de puestos en el Congreso a ser diputados, pero, no cobraron prestaciones.
El socialcristiano Pablo Abarca fue asesor en dos momentos: de mayo del 2010 a setiembre del 2014 y de febrero del 2018 a abril del mismo año. Sin embargo, solo cobró prestaciones por el primer periodo, no así por el segundo momento, cuando pasó de asesor a parlamentario.
El liberacionista Luis Chacón también laboró desde 1994 hasta abril 2018 como funcionario de planta del Congreso, donde tenía un puesto de director. Después de ser electo diputado, él presentó su renuncia y solamente se le pagaron ¢350.000. No cobró cesantía.
El pasado 7 de junio, la PGR le informó a la Asamblea Le gislativa de que no es posible conceder el pago por cesantía a los funcionarios que, al ser re movidos de sus puestos de con fianza, inmediatamente pasen a ocupar cargos remunerados en alguna dependencia de Estado, incluida la Asamblea Legislativa.
Así ocurre “con entera inde pendencia del carácter impe rativo, representativo, remu nerado, permanente o público de la actividad respectiva que asuman en el nuevo cargo”.
El procurador Luis Guiller mo Bonilla explicó que el artí culo 686 del Código de Trabajo impide el reingreso en cual quier dependencia del Estado a personas que hayan recibido la cesantía por dejar un cargo.
Consultado sobre el cobro de sus prestaciones, Jonathan Prendas explicó que, antes de pedir ese pago, hizo una con sulta a la administración y le dijeron que “no había ningún problema, por ser regímenes totalmente diferentes”.
“Por eso no se había visto mal que la administración procediera con la liquidación correspondiente, fue la admi nistración la que procedió. Es algo que siempre se ha desa rrollado así”, comentó.
Agregó que hay jurispru dencia, para que no hubiese ningún tipo de duda y ma nifestó que el régimen de re muneración de los diputados siempre se ha entendido como “algo diferenciado” al que se emplea para el pago del perso nal legislativo.
“Los diputados para unas cosas no son funcionarios públicos y para otras sí. Para efectos de carrera profesional no cuentan los cuatro años que estamos aquí, pero para cargas sociales sí”, dijo.