La Nacion (Costa Rica)

Legislador acusado por exigir pago a un subalterno

Republican­o Otto R. Vargas alega que es ‘falso’ que le pidiera la mitad del salario

- Sofía Chinchilla C. sofia.chinchilla@nacion.com

El Ministerio Público acusó al diputado Otto Roberto Vargas, del Partido Republican­o Social Cristiano, por presuntame­nte haber obligado a un exasesor a darle la mitad de su salario a otro colaborado­r.

La gestión fue dada a conocer por el Semanario Universida­d y confirmada a este medio por prensa de la Fiscalía.

El Ministerio Público inició la investigac­ión contra el legislador luego de que el publicista Andrés Monge lo denunciara penalmente. Según el comunicado­r, en cuatro meses del 2018, Vargas lo presionó para que le diera ¢103.000 quincenale­s a Marco Montenegro, esposo de la tesorera del Republican­o, quien colaboraba ad honorem en la fracción del partido.

“Me dijo que sería por unas dos o tres quincenas que yo le tendría que dar la mitad de mi salario, que no era gran cosa. Lo que me llegaban finalmente creo que eran ¢206.000 por quincena. Yo tenía que darle ¢103.000 y con los otros ¢103.000 vivía yo.

“Yo le dije que ni modo, me dijo básicament­e: tómelo o déjelo”, relató Monge a La Nación, en mayo.

El exasesor finalmente fue despedido de su puesto en setiembre del año pasado.

El diputado, por su parte, dice que él no “sugirió, ni mucho menos obligó a dar dinero a persona alguna”, al tiempo que asegura que Monge le dio el dinero al otro colaborado­r “por su libre voluntad”.

A Vargas se le imputa el delito de concusión, en el cual incurre el funcionari­o público que, “abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidame­nte, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonia­l”, según el Código Penal.

La comisión de dicho delito se pena con prisión de entre dos y ocho años.

El expediente con la acusación fue remitido a la Corte Suprema de Justicia. La gestión también incluye una solicitud para que los magistrado­s levanten el fuero especial que protege al legislador, para que se enfrente al proceso penal.

El martes, en declaracio­nes que brindó a este medio, Otto Roberto Vargas apeló a su derecho a la defensa, y afirmó que la Fiscalía no lo ha notificado de ningún acto.

“En mi caso, nunca he sido llamado por la Fiscalía, ni indagado, ni notificado de absolutame­nte nada”.

El diputado republican­o afirmó sentirse tranquilo, y aseguró que los hechos que denunció Mora son falsos. De acuerdo con el legislador, el exasesor fue despedido “porque demostró comportami­entos no aptos para un despacho legislativ­o”.

“El señor tenía grandes cambios de personalid­ad y cada día demostraba actos más indebidos contra sus compañeros. Inclusive, tomé la decisión final de, cuando quiso agredir a Rosa Palma, la secretaría del despacho, agredirla físicament­e, de prescindir de sus servicios.

“Eso está consignado en el expediente que abrió el Direc torio legislativ­o, que es una de las causales de cese. Adicional mente, se ausentó tres días. No hay una sola prueba de lo que él afirma”, declaró Vargas.

El legislador afirmó que in cluso, después de su cese, Mora le solicitó, a través de un terce ro, que le diera ¢10 millones “a cambio de dejarme en paz y no dañar mi carrera política” Vargas afirmó que rechazó ta solicitud.

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JEFFREY ZAMORA El publicista Andrés Monge dijo que Vargas (gris) le obligó a darle ¢103.000 a otro colaborado­r del PRSC.

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