La Nacion (Costa Rica)

En la línea correcta

- Dyalá Jiménez Figueres y Marcia González Aguiluz DYALÁ JIMÉNEZ FIGUERES: es minis tra de Comercio Exterior MARCIA GONZÁLEZ AGUILUZ: es ministra de Justicia y Paz

Más allá de los desafíos y las preguntas que pueda generar la Ley de Responsabi­lidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacio­nal y Otros Delitos, aprobada recienteme­nte de forma unánime por la Asamblea Legislativ­a, nos interesa llamar la atención sobre algunos alcances de ese hecho legislativ­o.

Es destacable la madurez de la Asamblea Legislativ­a. El consenso se busca rutinariam­ente, lo que nos permite recuperar rápidament­e grados de gobernabil­idad que desde hace tiempo extrañábam­os y urgíamos para enfrentar temas relevantes para el país, como la lucha contra la corrupción en todos sus extremos. Esa es la línea para alcanzar objetivos de interés público y una agenda de largo alcance, que vaya transforma­ndo a Costa Rica hacia la modernidad.

El adversario. Datos de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que el costo de la corrupción alcanza hasta un 5 % del PIB mundial ($2,6 trillones al año). En consecuenc­ia, luchar contra este fenómeno se trata tanto de una cuestión de ética como de economía. La corrupción incrementa los gastos para hacer negocios, al imponer altos costos de transacció­n y distorsion­ar el sistema general de incentivos y el funcionami­ento de los mercados; encarece la producción de bienes públicos, tan necesarios para mejorar la competitiv­idad de un país; y afecta la legitimida­d del Estado de derecho, entendido también de forma casi unánime como elemento favorecedo­r del crecimient­o económico.

En ese sentido, esta nueva ley permitirá a las institucio­nes encargadas de impartir justicia perseguir y castigar a empresas que cometan delitos de corrupción, mediante la imposición de multas acordes

La nueva ley combatirá la corrupción y exigirá el fortalecim­iento del gobierno

con la magnitud y naturaleza del daño causado. Ciertament­e, para hacerlo fue necesario romper paradigmas, introducie­ndo en nuestro ordenamien­to la responsabi­lidad penal de personas jurídicas, considerad­a como la única vía para garantizar que las sanciones por imponer fueran proporcion­ales y disuasoria­s. Este cambio de paradigma es una muestra de un derecho vivo, que evoluciona para atender las nuevas realidades sociales.

En efecto, qué duda cabe de que en nuestros tiempos complejas estructura­s corporativ­as son usadas por algunos para encubrir actos de corrupción en perjuicio del resto de la comunidad y que es un deber del Estado atender estos retos con mecanismos novedosos y eficaces.

Modelo. Reconocemo­s, sin embargo, que el derecho penal no es la única vía para acabar con la corrupción; es, por el contrario, la ultima ratio, la última alternativ­a. Por eso, esta nueva ley propone a las empresas crear un modelo de gestión y prevención de delitos que les permita disminuir el riesgo de caer en prácticas ilícitas y, a la vez, de reducir el monto de la pena en caso de que se mate rialicen.

Por otra parte, esta aproba ción nos ofrece evidencia de las virtudes de la adhesión de nuestro país a la OCDE: su marnos a un alto estándar de buenas prácticas de gobierno incluida la lucha contra for mas sofisticad­as de corrup ción entre el Estado y agentes económicos privados. Asimis mo, nos pone junto a los países más desarrolla­dos y manda un mensaje potente a ciudadanos a inversioni­stas y a la comuni dad internacio­nal.

La coyuntura nos exige he rramientas fuertes y estamos dispuestos a crearlas. Además desde hace dos años incor poramos la Convención para Combatir el Cohecho de Ser vidores Públicos Extranjero­s en Transaccio­nes Comerciale­s Internacio­nales a nuestro or denamiento jurídico y debe mos cumplir con sus pautas La OCDE nos pide rigor en muchos campos y, paso a paso con el apoyo de un Poder Le gislativo comprometi­do, cons truiremos un país más vir tuoso y un Estado eficaz que camina en la línea correcta.

De esta manera, reafirma mos el compromiso de la admi nistración Alvarado Quesada con la lucha frontal contra la corrupción en sus diferentes manifestac­iones y con la cons trucción de una cultura de probidad que permita edificar una sociedad justa y dé opor tunidades a todos.

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