Macho Coca sobreseído por muelle ilegal en Portete
Fiscalía acusó a empresario dos meses después de vencer plazo, dice juez
El empresario limonense Gilbert Bell, conocido como Macho Coca, quedó exonerado del delito de usurpación por construir un complejo portuario en Portete de Limón.
Bell resultó sobreseído en esa causa judicial por prescripción de la acción penal, según lo estableció el Juzgado Penal de Limón en una resolución dictada el pasado 20 de mayo.
En la misma resolución, el juez señala que será el Tribunal Penal de Juicio el que decida si ese terrreno debe ser entregado al Estado o a las personas que lo poseían antes de la intervención del Ministerio Público.
La prescripción también benefició a otros seis imputados por el mismo delito. Se trata de otros dos hermanos de Gilbert Bell, uno de ape- llidos Bell Fernández y otro Álvarez Fernández, así como cuatro personas apellidadas Garita Lara, Rivera Salazar, Guevara Mondragón y Picado Grijalba.
Asimismo, el juez Luis Daniel Montero decidió elevar a juicio el proceso contra dos implicados, Henry Neptuno Lindo Royes y Roberto Eduardo Buchanan Sthepens, por el delito de usurpación de bienes de dominio público.
Las pesquisas relacionadas con el complejo portuario de Portete trascedieron el 18 de agosto del 2015, cuando oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Fuerza Pública y Guardacostas allanaron un área 22.000 metros cuadrados (m²), ubicada en la zona marítimo-terrestre.
Las construcciones se levantaron entre agosto y diciembre del 2014. La mayor obra es el muelle principal de 55 metros (m) de largo por 11 m de ancho (550 m² de construcción). También tiene 10 edificaciones y fueron acondicionados otros seis embarcaderos a lo largo de la bahía.
El terreno debía ser administrado por la Municipalidad de Limón, según las autoridades judiciales, pero todas las construcciones se hicieron sin permiso.
Desde un inicio, el lugar fue desalojado y, por disposición del Juzgado Penal de Limón, la custodia del lugar quedó en manos del Servicio Nacional de Guardacostas.
Alegatos. “Para el presente caso, el plazo (...) para suspender la acción penal va a ser de dos años. El Ministerio Público, habiendo finalizado la etapa de investigación, realizó acto conclusivo, que es la acusación y solicitud de auto de apertura a juicio el 27 de octubre del 2017”, explicó el juez Luis Daniel Montero.
“Sin embargo, si tomamos en cuenta que a los imputados se les indagó en el mes de agosto del 2015, desde ese momento se tenía que contabilizar el plazo de la acción penal con la reducción a la mitad (de la pena, que es de cuatro años para ese delito), siendo este de dos años.
”La fecha en que prescribía la acción penal es en el mes de agosto del 2017. El Ministerio Público realiza su acto conclusivo (acusación) ya estando prescrita la acción penal de los imputados Álvarez Fernández, Garita Lara, Gilbert Bell Fernández, Rivera Salazar, Guevara Mondragón, Picado Grijalba y Bell Fernández”.
El abogado Álvaro Moreno, defensor de Gilbert Bell, había pedido que, en vista de que se exoneraba de cargos a los imputados, se debía restituir las cosas al estado anterior (cuando se produjo el allanamiento en el 2014). Sin embargo, el
juez no acogió la petición.
“La solicitud del representante de los sentenciados tiene sentido por cuanto ya no existe una causa penal que se les siga a ellos. Sin embargo, por responsabilidad profesional, acogiendo el debido proceso y acogiéndome al derecho de defensa material, se ordena mantener la medida atípica que pesa en contra de la zona y bahía Portete.
”Permitir el acceso a los ahora sentenciados sin tener claro para ellos de a quién le pertenece dicha zona podría llevarlos a error en introducirse nuevamente a la zona provocando, eventualmente, que el Ministerio Público les abra (otra vez) una causa penal por el mismo delito”, dijo el juez, quien determinó que ese aspecto lo debe estudiar el Tribunal Penal de Juicio cuando juzgue si Lindo y Buchanan son responsables de usurpación de bienes de dominio público.