Corte certifica que Rueda carece de sanciones y procesos disciplinarios
La Corte Suprema de Justicia informó ayer a los diputados de la Comisión de Nombramientos del Congreso de que el magistrado Paul Rueda no tiene sanciones, quejas ni procedimientos administrativos en su contra.
El informe llegó al foro legislativo que revisa la eventual reelección de Rueda, luego de que los congresistas aprobaron una moción, el lunes, para verificar si había algún tipo de mancha en el expediente del alto juez.
Específicamente, los legisladores solicitaron a la Corte un informe en detalle sobre amonestaciones, quejas, sanciones, investigaciones, procedimientos disciplinarios o bien de temas laborales, de violencia doméstica, de tema penal, de acoso laboral o sexual, o “de cualquier otra naturaleza”.
En el oficio 5864-19, enviado al Congreso, la Secretaría General de la Corte Suprema remitió una serie de certificaciones de varias instancias del Poder Judicial, donde se ratifica que el expediente de Rueda está limpio.
De igual forma, se pronunció la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, la cual indicó de que no hay sanciones disciplinarias en el expediente del magistrado.
En cuanto al uso de los vehículos discrecionales a que tiene derecho Rueda como magistrado, la directora ejecutiva de la Corte, Ana Eugenia Romero, remitió un informe del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial, donde tampoco consta irregularidad en el uso de ellos.
Dentro del legajo enviado por la Corte a los diputados, también incluyeron los permisos de incapacidad que han tenido los funcionarios asignados al despacho de Rueda durante sus ocho años como magistrado de la Sala IV.
En la petición que hicieron los diputados, se le solicitó a la Corte que remitiera la carta de renuncia de una funcionaria, de apellidos Salas Abarca, quien se desempeñaba en la Unidad de Seguimiento de Sentencias de la Sala IV, bajo sospecha de que existía alguna queja contra Paul Rueda.
En la carta de la funcionaria, básicamente, refiere que en enero de este año, mientras Rueda ejercía la presidencia interina de la Sala Constitucional, la llamó para pedirle cuentas sobre una respuesta que se le giró a un abogado, quien había pedido informes de la sentencia sobre matrimonio igualitario.
Específicamente, ante una consulta del abogado Yashín Castrillo, un funcionario de apellido Barboza respondió que el voto sobre matrimonio igualitario estaba redactado y faltaba recoger las firmas de los magistrados.
Dado que Rueda se desempeñaba como presidente interino al momento del incidente, hizo averiguaciones y, según su relato, Barboza señaló a Salas como la persona que había girado la instrucción de responderle a Castrillo, mientras que Salas alegaba que la gestión había sido de Barboza.
Al final, Rueda solicitó un informe escrito sobre el asunto y la funcionaria renunció.