Candidatos en Guatemala prometen atacar pobreza, violencia y corrupción
››Según encuestas, ninguno de los 19 aspirantes podrá ganar en 1.a vuelta
CIUDAD DE GUATEMALA. AFP. El combate a la pobreza y la violencia criminal domina la oferta de los 19 candidatos presidenciales que buscan suceder al presidente Jimmy Morales, en las elecciones generales del domingo en Guatemala.
Morales, un excomediante de televisión, concluye su mandato de cuatro años con la popularidad por el suelo y con el pedido de la Fiscalía de investigarlo por corrupción.
Ninguno de los aspirantes aparece en las encuestas de intención de voto con posibilidades de ganar en la primera vuelta, por lo que se augura un balotaje en agosto.
La favorita es la socialdemócrata Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en el 2011 para poder postularse a la primera magistratura.
Le sigue el derechista Alejandro Giammattei, quien se lanza por cuarta vez, aunque algunas proyecciones ubican a Roberto Arzú, hijo del fallecido exmandatario Álvaro Arzú (1996-2000), como un posible segundo lugar en su primera incursión para alcanzar la Presidencia.
En Guatemala se prohíbe la reelección presidencial.
El proceso electoral estuvo marcado por la exclusión de la ex fiscala general Thelma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, quien fue marginada del proceso por decisiones judiciales ante denuncias de irregularidades en su contra cuando era jefa del Ministerio Público (2014-2018). La Justicia también dejó fuera de la contienda a Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de Estado.
En una señal del clima de violencia y corrupción imperante, ayer trascendió que el fiscal de delitos electorales, Óscar Schaad, dejó el país tras sufrir amenazas. (Nota aparte).
Lo mismo le ocurrió a Aldana, que enfrentada a amenazas de muerte, se trasladó a El Salvador y luego a Estados Unidos, donde permanece.
Según la Alianza por las Reformas, que agrupa a unas 40 organizaciones civiles, la exclusión de Aldana es “una clara represalia por las investigaciones que la exfiscala realizó contra el presidente (Morales), su familia y miembros de su partido político por actos de corrupción”.
A Morales lo investiga la Fiscalía por financiamiento ilegal en la campaña electoral del 2015 que lo llevó al poder, y un hijo y hermano suyo también afrontan indagaciones.
En el 2015, los guatemaltecos vieron una esperanza de atacar la corrupción tras el arresto del presidente Otto Pérez por casos impulsados por la exfiscala Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano adscrito a Naciones Unidas que busca combatir la corrupción e impunidad desde el 2007.
Pero esas esperanzas se ven menguadas pues la Cicig terminará sus funciones en setiembre, ya que Morales incumplió la promesa de ampliar su misión hasta el 2021.
La candidata indígena maya Thelma Cabrera (quinto lugar, según encuestas) ha dicho que Guatemala necesita una reforma estructural urgente con cambios constitucionales para cambiar lo que llamó un “Estado podrido”.
En ese marco de corrupción endémica, un 59% de los 17,7 millones de guatemaltecos vive en la pobreza, pese a que Guatemala cerró el 2018 con un crecimiento de 3,1%, según el Ministerio de Finanzas. CIUDAD DE GUATEMALA. AFP. El fiscal de delitos electorales de Guatemala, Óscar Schaad, salió del país por “amenazas” recibidas cuando se acercan las elecciones generales del domingo, informó este miércoles la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras.
La fiscala general indicó que Schaad salió del país con un permiso para ausentarse por tres meses, aunque no dio detalles de las amenazas que recibió.
“Es necesario solicitar por el momento este permiso para poder procurar la seguridad de mi familia y la propia ante amenazas que han sido tangibles hacia mi persona”, señaló Schaad en una carta leída por Porras.
Su salida se dio antes de las elecciones de este 16 de junio, cuando más de ocho millones de guatemaltecos deberán elegir al sucesor del presidente Jimmy Morales, además de 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
La Fiscalía de Delitos Electorales tiene a su cargo la revisión del financiamiento que reciben los partidos políticos ante la posible infiltración del crimen organizado y la utilización de recursos públicos, así como investigar denuncias de hechos ilícitos durante la votación.
Si ningún candidato alcanza el 50% de los votos, la Presidencia será definida en un balotaje, el 11 de agosto.