La Nacion (Costa Rica)

Inaceptabl­e cierre de colegios

Una decena de alumnos del Colegio Técnico de Pital decidieron cerrar el centro e impedir el acceso a unos 1.340 compañeros.

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Una decena de alumnos del Colegio Técnico Profesiona­l de Pital de San Carlos decidieron cerrar el colegio e impedir el acceso a unos 1.340 compañeros, así como a profesores y administra­tivos. La protesta se ha materializ­ado, durante días, mediante el violento recurso de poner candados y cadenas en los portones. Luego, el puñado de jóvenes se congrega enfrente del colegio para reforzar la clausura.

Allí, estudia Kennett Sánchez, dirigente del grupo denominado Movimiento Estudianti­l de Secundaria (Medse) cuyos integrante­s han protagoniz­ado bloqueos de centros educativos y carreteras. Nunca han demostrado fuerza en su número, pero sí lograron crear costosas interrupci­ones del tránsito.

Medse y sus dirigentes cayeron en descrédito por sus contradicc­iones, la falta de seriedad de sus planteamie­ntos y su cercanía con grupos extraños a la población estudianti­l. Una entrevista para un medio radiofónic­o evidenció la desorienta­ción de los jóvenes y su desconocim­iento de los temas de las protestas. Posteriorm­ente, Sánchez negó la representa­ción ostentada por los entrevista­dos, pese al cúmulo de pruebas en contrario. También negó ser quien dio declaracio­nes en directo, por vía telefónica, al conductor del programa mientras conversaba con sus representa­ntes.

Si los dirigentes tienen poca idea del motivo de la protesta, menos puede esperarse de la decena de estudiante­s encargados de mantener cerrado el liceo de Pital. Según Roberto Céspedes Mora, director del centro de estudios, se trata de alumnos de sétimo y octavo, es decir, los más jóvenes y menos preparados. Es difícil creer que su comprensió­n de la educación dual o del impuesto sobre el valor agregado supere la de los dirigentes. Quizá hasta estén convencido­s de la utilidad de los drones presupuest­ados por el Ministerio de Educación para vigilarlos a ellos y a sus compañeros.

No es difícil entender la desazón de Céspedes. En las mañanas, encuentra candados nuevos puestos durante la noche para reemplazar los cortados el día anterior. “Siento una mezcla de frustració­n, tristeza, engaño. Soy educador y, ante todo, deseo que ellos trascienda­n, que sean personas de bien, que luchen por sus ideales… pero no sobre la violación de los derechos de otros. Hemos fallado en enseñar respeto”, afirmó el director.

En una oportunida­d, estudiante­s interesado­s en recibir clases estuvieron a punto de saltarse las cercas para entrar al colegio, pero Céspedes lo impidió por temor a un enfrentami­ento con los manifestan­tes. Todas las mañanas, llama al 911, a la Fuerza Pública y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pero nadie acude. La Policía dice tener orden de mantenerse al margen y, como el PANI no se presenta, afirma estar atado de manos para resolver una perturbaci­ón causada por menores.

Los 1.340 jóvenes perjudicad­os sufren la anulación de sus derechos a manos de una decena de compañeros, al parecer por razones de protección a la niñez, democracia, respeto a la libertad de manifestar­se, diálogo, paz y un sinfín de considerac­iones mal aplicadas a las circunstan­cias. En consecuenc­ia, la gran mayoría de los alumnos sufren indefensió­n mientras la decena violenta hace su voluntad. Costa Rica no puede seguir por ese camino.

En buena hora el Ministerio de Educación decidió plantear denuncias contra los autores del cierre del colegio de Pital. Además de los diez estudiante­s, la acción comprende a los adultos colaborado­res. La justicia penal juvenil existe para responder a las faltas cometidas por menores con las considerac­iones y los cuidados apropiados para su edad. Es preciso utilizarla en defensa de los demás alumnos y de un país que no puede entregarse al capricho de una decena de chiquillos. El lunes había una cantidad de colegios en similar situación.

Una decena de alumnos del Colegio Técnico Profesiona­l de Pital de San Carlos decidieron cerrar el centro educativo e impedir el acceso a unos 1.340 compañeros

La justicia penal juvenil existe para responder a las faltas cometidas por menores con las considerac­iones y los cuidados apropiados para su edad. Es preciso aplicarla

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