Índice gerencial
En el 2008, la Corte Plena y el Consejo Superior alegaron que los salarios de la clase gerencial del Poder Judicial no eran competitivos en comparación con los de la empresa privada y con los de sus similares en Latinoamérica y Europa.
Entonces, crearon un incentivo que aumentó los salarios de la cúpula entre un 10% y un 58%.
Por ejemplo, el salario base del jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) subió de ¢753.000 a ¢1.187.000 mensuales.
Además de los 22 magistrados, el plus lo reciben 24 jerarcas como los miembros del Consejo Superior, el director y el subdirector de la Policía Judicial, el jefe y el subjefe de Defensa Pública, el fiscal general y los directores y subdirectores administrativos.
Dos años más tarde, en el 2010, los magistrados argumentaron que recién se habían otorgado incrementos a otros sectores del Poder Judicial, lo cual acercaba los sueldos de la clase gerencial con los de otros estratos.
Para ellos, resultaba desequilibrante que sus salarios se equipararan a los de jueces, fiscales, defensores públicos y jefaturas del sector administrativo, por lo que decidieron adjudicarse un nuevo aumento.
Esta vez lo hicieron no como un sobresueldo, sino agregando el índice gerencial como un componente del salario base. Con esto, se garantizaban que el resto de pluses recibidos también se incrementaran, pues estos dependen del salario base.
Con ello, el salario base del director del OIJ subió a ¢1.479.000, lo que implicó un ajuste de un 96% en dos años.
Para el magistrado presidente de la Corte, el sueldo base subió en un 68% entre el 2008 y el 2010. Pasó de ¢1,3 millones a casi ¢2,2 millones.
Entre el 2008 y 2017, el pago del plus le ha demandado a la Corte más de ¢2.071 millones.
índice general.
La gestión le fue negada. No obstante, ese mismo mes, él dejó el cargo por el nombramiento de Jorge Araya como magistrado propietario, pues Hernández suplía la vacante que dejó Gilbert Armijo.
También, por figurar en la investigación de la Fiscalía, Fernando Castillo solicitó una segunda inhibitoria, la cual fue rechazada.
Al final, están habilitados para resolver la acción los magistrados Fernando Cruz, Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya y Marta Esquivel.
Ellos están en capacidad de resolver desde noviembre del 2018. El proceso lleva, actualmente, dos años y tres meses en trámite.
Silvia Arce, una de las juezas de Trabajo que presentó la acción de inconstitucionalidad, considera que la Sala IV ha demorado “demasiado tiempo” en resolver la denuncia.
Según ella, el órgano ha fallado, en menos de un año, cinco acciones en las que declaró inconstitucionales beneficios en convenciones colectivas de empleados públicos de diferentes entidades.
Las sentencias a las que se refiere ponen límites en las municipalidades de Santa Cruz, Abangares, Carrillo (las tres en Guanacaste) y Coronado (San José), así como en la Universidad Nacional (UNA).
“La Sala IV ha dictado sentencia a un año de iniciado el proceso judicial respectivo (en esos lugares), pero en la que se cuestiona la constitucionalidad de componentes salariales de los 46 puestos con los sueldos más altos del Poder Judicial, no ha resuelto en más de dos años. Obviamente, porque involucra intereses de los mismos magistrados, no solo de esa Sala, sino de todas las otras”, aseguró Arce.
Al respecto, la oficina de prensa de la Sala IV contestó que esta acción “ha sido sumamente compleja, pues se han presentado gran cantidad de inhibitorias por parte de las magistradas y magistrados propietarios y suplentes”.
Asimismo, justificó el ente constitucional, en la denuncia contra el índice gerencial se han planteado dos coadyuvancias y dos impugnaciones, las cuales han incidido en el plazo de resolución.
Una de las coadyuvancias la presentaron, el 14 de junio de 2017, la diputada Patricia Mora, actual ministra de la Condición de la Mujer; el abogado Edgardo Araya, y el entonces legislador de Acción Ciudadana, Ottón Solís.
La otra la interpuso, el 29 de agosto de ese año, la entonces legisladora libertaria Natalia Díaz.
En cuanto a las impugnaciones, estas fueron presentadas por los accionantes –Arce y Elizondo– en setiembre del 2017 y setiembre del 2018.
Según la Sala, a lo anterior se suma la gran cantidad de recursos de amparo que ha debido atender durante los últimos años por violaciones al derecho a la salud, así como otros asuntos relevantes en el acontecer nacional.
“En los últimos años, la Sala se ha visto obligada a conocer distintos casos de suma complejidad, como son la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas (reforma fiscal), las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social y el matrimonio igualitario, entre otros, los cuales han demandado gran cantidad de tiempo en su estudio para resolverlos en forma adecuada, considerando su relevancia”, dijo la Sala.