15 magistrados se excusaron de juzgar privilegio salarial
››Dos jueces impugnaron beneficio; proceso lleva año y medio
Trámite lleva más de dos años
Dos jueces impugnaron ‘escandaloso’ beneficio que subió sueldos hasta 96%
¿Qué pasa tras inhibitorias?
Magistrados propietarios en la Sala IV resolverán, al final, si es constitucional
A lo largo de año y medio, 15 magistrados de la Sala IV pidieron abstenerse de resolver una acción de inconstitucionalidad presentada, en abril del 2017, contra el plus salarial que aumentó entre un 26% y un 96% los sueldos de los miembros de la cúpula del Poder Judicial.
Se trata del índice gerencial, incentivo que benefició a 46 altos funcionarios de la Corte, incluidos los jueces constitucionales.
La acción fue presentada por los jueces de Trabajo Silvia Arce y Armando Elizondo, quienes consideraron “escandaloso” el porcentaje de aumento que los magistrados de la Corte Plena aprobaron en los años 2008 y 2010.
Una vez planteado el recurso, la Sala IV recibió una serie de solicitudes de inhibitorias tanto de jueces propietarios como suplentes. Entre mayo del 2017 y noviembre del 2018, se presentaron 19 peticiones. Tres de los integrantes se excusaron más de una vez.
Todos pidieron abstenerse de conocer el expediente 17006076-0007-CO al considerar que el hecho de beneficiarse del plus los imposibilita para resolver la acción de inconstitucionalidad.
Dos de ellos también solicitaron excusarse por figurar en la investigación que la Fiscalía General abrió contra nueve magistrados y nueve exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia bajo el supuesto de que, con la creación del índice gerencial, se cometió un presunto delito de administración en provecho propio.
Por último, una magistrada alegó otras dos razones personales.
Las inhibitorias. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 29, obliga a los magistrados a pedir ser separados del conocimiento de un expediente cuando pueda existir conflicto de interés. De esta manera, se intenta garantizar los principios de independencia e imparcialidad del juzgador.
Por ese motivo, entre mayo y junio del 2017, los entonces siete jueces propietarios de la Sala IV pidieron separarse del caso.
En aquel momento, el órgano constitucional estaba conformado por Nancy Hernández, Ernesto Jinesta, Fernando Castillo, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Fernando Cruz (presidente del Poder Judicial) y José Paulino Hernández, quien suplía la vacante dejada por Gilbert Armijo desde el 2015.
Cuando los jueces de la Sala Constitucional se inhiben, se designan sustitutos. Ellos son elegidos, por sorteo, entre los magistrados suplentes.
Para este expediente, los suplentes electos fueron Anamari Garro, Ana María Picado, Jorge Araya, Yerma Campos, Rosa Abdelnour, Alicia Salas y Carlos Estrada.
No obstante, como ese privilegio también los favorece, todos también pidieron inhibirse entre julio y agosto del 2017.
Según lo estipula la normativa del Poder Judicial, cuando se inhiben tanto los propietarios como los suplentes, los primeros, es decir, los titulares, deben resolver el asunto.
Entonces, en setiembre del 2017, la Sala IV habilitó de nuevo al primer grupo de magistrados.
Al año siguiente, en mayo del 2018, Ernesto Jinesta se pensionó y su cargo fue asumido por la suplente Marta Esquivel.
Ella solicitó una primera inhibitoria en julio del 2018 y dos más en setiembre y octubre del mismo año.
En su segunda petitoria, alegó que, entre el 5 de febrero y el 2 de marzo del 2018, fue compañera de trabajo de Armando Elizondo, uno de los promotores de la acción de inconstitucionalidad.
En tanto, en la tercera gestión, adujo que el firmante del informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el índice gerencial lo firmó el procurador Ricardo Vargas, quien aparece en el Registro Civil como su esposo, aunque tienen siete años de separados.
Todas las gestiones fueron rechazadas por la presidencia de la Sala Constitucional.
Luego, en octubre del 2018, José Paulino Hernández solicitó de nuevo la abstención por estar dentro de la investigación penal que la Fiscalía General de la República abrió ese mes por la aprobación del