Maestra sospechosa de audio contra Alvarado acumula faltas
›A la educadora le asignaron labores administrativas como ‘medida cautelar’
Sacada de las aulas
MEP reubicó a docente que habría incitado en red social a disparar contra presidente
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La mujer que se identifica como maestra de escuela y que, en apariencia, habría grabado varios audios con llamados a la violencia contra el presidente de la República y la prensa, fue reubicada en labores administrativas en el Ministerio de Educación Pública (MEP).
En un comunicado de prensa, la jerarca del ramo, Guiselle Cruz, confirmó que se abrió una investigación administrativa en contra de la educadora, “para determinar posibles responsabilidades por la grabación que contiene amenazas contra varios medios de comunicación y autoridades públicas”.
“En el MEP estamos obligados a garantizar la integridad del proceso educativo de los estudiantes, por lo cual la jerarca solicitó la reubicación inmediata de la persona investigada fuera de las aulas, como medida cautelar”, agrega el mismo documento.
El MEP se reservó los apellidos de la funcionaria investigada, así como el nombre de la escuela en la que se desempeña en San José.
“Con firmeza manifestamos nuestro repudio a toda forma de discriminación o llamado a la violencia. La labor del sistema educativo es formar de manera integral sobre el resguardo a la vida, a la institucionalidad y la democracia, en un marco de inclusión, y en esa dirección apunta el trabajo desde las sedes administrativas, las direcciones regionales y los centros educativos”, concluyó Cruz.
Este domingo, en horas de la tarde, circularon varios audios en los que una voz femenina llama a atentar contra la vida del mandatario, Carlos Alvarado, y sugiere que deben colocarse bombas en medios de comunicación, como La Nación o canal 7.
En apariencia, las grabaciones fueron hechas por una mujer que se identifica como maestra de quinto grado, con 22 años de experiencia.
Al respecto, desde la noche del domingo el ministro de Seguridad, Michael Soto, ordenó la transcripción de los audios y el envío de la prueba al Ministerio Público y el Organismo de Investigación (OIJ) para los trámites que correspondan.
“EN EL MEP ESTAMOS OBLIGADOS A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES, POR LO CUAL LA JERARCA (GISELLE CRUZ) SOLICITÓ LA REUBICACIÓN INMEDIATA DE LA PERSONA INVESTIGADA FUERA DE LAS AULAS”. Comunicado del MEP
Pesquisa de Policía Judicial. El director del OIJ, Wálter Espinoza, comunicó este lunes que comenzó una investigación de oficio sobre la grabación.
Aseguró que, de momento, la indagación va dirigida a establecer quién fue la persona que “profirió esas amenazas y determinar si hay expresiones amenazantes”.
En caso de que se identifique algún delito, la Policía Judicial realizaría las pericias necesarias para sentar responsabilidades, agregó el jefe policial en un video compartido por la oficina de prensa.
Espinoza indicó que, de momento, están uniendo tanto los datos que les han llegado de forma directa, como los que les ha brindado el Ministerio de Seguridad Pública.
La circulación de los audios ocurrió horas después de que tres sujetos detonaran un artefacto explosivo en las instalaciones de Televisora de Costa Rica, en Sabana Oeste.
De momento, la situación no ha escalado hasta el Ministerio Público.
Según un correo enviado por la oficina de prensa, no han recibido denuncia alguna y, hasta que eso no ocurra, no pueden emitir criterio; es decir, la Fiscalía no puede actuar de oficio y debe esperar a que la persona afectada se acerque.
La Fiscalía también indicó que, en un caso como este, el tipo penal que podría perseguirse sería el de amenazas agravadas, aunque, aclaró, cada caso es particular y debe analizarse de dicha forma para determinar cuáles delitos se cometieron.
El Código Penal establece, en su artículo 195, que la persona que cometa amenazas agravadas será sancionada con prisión de 15 a 60 días, o bien será castigado con entre 10 y 60 días multa.