De la crisis sistémica al desarrollo

La crisis en nuestro país encierra el tesoro de la renovación y el desarrollo. En ella late la posibilidad del éxito venidero, pero para lograrlo se requiere lucidez en cuanto al origen y la naturaleza de la coyuntura actual; es imprescindible acertar en las decisiones que se tomen y es fundamental que las inevitables parcialidades de los diversos sectores sociales, políticos y económicos se gestionen en grados elevados de autocrítica, humildad, generosidad y conocimiento.

Cuando se estudia la evolución histórica del país, se observa una contradicción básica aún no resuelta: la establecida entre los avances institucionales, sean jurídicos, políticos, sociales y culturales, y el retraso de las estructuras productivas.

Existe un desfase entre una superestructura jurídico-social avanzada y la base económica subdesarrollada. A pesar de los esfuerzos realizados durante casi doscientos años, la contradicción no ha sido superada, y de tanto en tanto conduce a situaciones que deterioran la cohesión social, como sucedió en los años del “reventón” de la crisis económica de principios de la década de los ochenta (1980-1982) del siglo pasado.

Las causas internas de aquella situación pueden retrotraerse hasta principios de los años setenta, reforzadas por factores internacionales, como la deuda externa, las crisis petroleras, el deterioro de los términos de intercambio comercial y las guerras en varios países centroamericanos.

En la gestación y desarrollo de lo ocurrido en el país entre los años 1980 y 1982 existió una responsabilidad compartida por los diversos segmentos del poder, pero las soberbias sectoriales y la equivocada gestión de las parcialidades subjetivas impidieron la autocrítica y obstaculizaron correcciones que anticiparan los problemas.

Se buscó un “chivo expiatorio” para hacer recaer en él toda la responsabilidad por el deterioro económico y social, y de ese modo se hizo desaparecer la responsabilidad de otros.

En el momento de escribir este comentario, algo semejante ocurre en el país. Existe una corresponsabilidad respecto a la situación económica y social, pero la falta de autocrítica y los egocentrismos sectoriales tienden a disimularla u ocultarla.

Naturaleza de la crisis actual. El “reventón” fue superado, desapareció el conflicto político-militar en Centroamérica, la economía global inició un proceso de ascenso positivo de sus principales indicadores y se colocaron las bases para intentar, de nuevo, erradicar la contradicción principal del desarrollo costarricense.

Transcurridos 37 años, Costa Rica enfrenta una poderosa combinación de variables negativas que evidencia el subdesarrollo de la estructura productiva y mantiene incólume la falta de un fundamento económico pertinente a la superestructura jurídico-social.

Como he dicho y escrito en otras oportunidades, la sociedad costarricense contemporánea padece no solo déficit fiscal, desaceleración económica y subdesarrollo del sistema productivo, también el descrédito de los partidos políticos, el descrédito de las élites sociales, la escasez de liderazgos maduros, innovadores y visionarios, la intensa actividad del crimen internacional, la decadencia de las élites religiosas y académicas, y la presencia de un Estado con una cultura organizacional anquilosada que es prisionero de intereses creados que lo privatizan.

Esta combinación de variables afecta al conjunto de las interacciones sociales y causa un descenso de su calidad, lo cual es característico de una crisis de naturaleza sistémica, circunstancia que no existió entre los años 1970 y 1990.

Ajuste social sistémico. Cuando la crisis es sistémica, es necesario tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. Esas decisiones pertenecen a lo que denomino “ajuste social sistémico”.

Concuerdo con varios economistas que proponen, en lo inmediato, impulsar una reactivación económica con el fin de generar empleo en zonas rurales, para poblaciones juveniles y para mano de obra no calificada, así como la aprobación de la educación dual, el teletrabajo, la reforma del empleo público y una mejora

Deben abandonarse pretensiones de utilizar al gobierno para intervenir en la vida de las personas

en el clima y la transparencia para el diálogo social y para el diseño y ejecución de decisiones compartidas.

Respecto a estas iniciativas, pueden existir discrepancias puntuales, algunas muy fuertes que deben resolverse sobre la base de conocimientos e informaciones verificadas, pero en ningún caso se justifica violar el principio constitucional del libre tránsito ni poner en práctica estratagemas en la negociación.

En los ámbitos más estratégicos, a mediano y largo plazo, que afectan la tasa de crecimiento del producto interno bruto, superan el subdesarrollo productivo y profundizan la cohesión social, es fundamental tomar medidas que reinventen a las élites partidarias, políticas y sociales; simplifiquen la administración tributaria; diseñen y ejecuten una reforma educativa y cultural que priorice la calidad y la inclusión social bajo parámetros de excelencia globales; eleven la inversión pública y privada en desarrollo científico, tecnológico y humanista; mejoren la productividad, competitividad, globalización e inclusión social del sistema económico; diseñen y ejecuten programas descentralizados de desarrollo; modernicen el Estado y al gobierno mediante la erradicación de los feudos internos y los regímenes de privilegio; y mejoren las condiciones de vida de los funcionarios.

También se debe fortalecer sustancialmente las condiciones de vida de los trabajadores de los sectores industrial, comercial, agrícola y de servicios.

La concreción de políticas en los ámbitos señalados exige la articulación de cinco subsistemas de desarrollo: innovación, productividad, competitividad, desarrollo de conglomerados productivo-sociales y medioambiente; educación, impulso científico-tecnológico, capacitación permanente de los recursos humanos y cultura; descentralización regional y local del desarrollo socioeconómico; innovación y modernización continua del Estado y del gobierno; y formas cooperativas y autogestionarias de producción y convivencia.

Servir y no molestar. Para alcanzar el éxito de las decisiones en los subsistemas indicados es clave que los grupos de poder político, religioso, académico, sindical y empresarial abandonen sus pretensiones de utilizar al gobierno para intervenir en la vida de las personas.

Deben abandonarse las retóricas demagógicas, las burlas, los insultos, las emociones sectarias y tres monstruosidades: el absolutismo político, la egocéntrica gestión de las parcialidades subjetivas y la inmadurez del voluntarismo partidario.

Si todo esto ocurre, los grupos dirigentes adquirirían inmensas capacidades intelectuales y gerenciales regidas por un nuevo principio de gestión social: servir y no molestar. Erradicar las políticas confiscatorias de los frutos del trabajo y elevar por mucho las capacidades gerenciales en las instituciones, exige erradicar la vocación intervencionista del poder, cualquier poder, y sustituirla por el nuevo principio indicado.

Servir y no molestar constituye una revolución ética y pragmática que cambiaría por completo la dinámica de los grupos dirigentes, de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto. l gobierno emite señales contradictorias, que confunden a la gente. Por un lado, da pasos importantes para la solución fiscal. La aprobación de la reforma, a finales del año pasado, mostró que al fin el país era capaz de tomar decisiones que nos llevarían a cerrar su déficit.

El aumento de impuestos empezamos a sentirlo todos a partir de su entrada en vigor hace un mes. La parte del control de gastos, la cual incluye cambios al empleo público y la regla fiscal, aún está pendiente de aplicación. Otras reformas, como poner límites a las pensiones de lujo, apenas empiezan a concretarse. Estos efectos se sentirán el año entrante.

La presión de ciertos grupos por mantener su statu quo es muy grande. Están los que quisieran revertir la estructura de impuestos aprobada. Las universidades y la Caja alegan autonomía para que se les exima de la regla fiscal. Los médicos quieren mantener el enganche. Los maestros y los funcionarios judiciales piden que no se les rebajen los privilegios que mantienen en sus pensiones de lujo.

Los japdevianos solicitan nuevas transferencias para así mantener la planilla de la institución viva, a pesar de haber dejado de cumplir muchas de sus funciones. Igual pasa en el CNP, que se mantiene vivo por los sobreprecios que cobra a otras instituciones del mismo Estado.

Educadores y un pequeño grupo de estudiantes, autonombrados representantes de los demás, bloquean las reformas al sistema educativo, con las cuales mejoraría sustancialmente la calidad de los graduados.

Por otro lado, al ceder a las presiones, el gobierno da signos que contradicen su voluntad de resolver el problema fiscal. En consecuencia, pierde la confianza de la ciudadanía, que se siente engañada por estar pagando más impuestos sin que el exceso de gasto se esté corrigiendo. Y pierde la confianza de los inversionistas, que no querrán prestarle más dinero al gobierno por temor a que este no tenga capacidad de pago en el futuro.

El Fondo Monetario Internacional advirtió, en su visita en febrero pasado, que la capacidad del gobierno para reducir el gasto era limitada, por lo cual recomendó aumentar aún más la carga tributaria. Si la administración Alvarado no se soca la faja, para contradecir al Fondo, las noticias falsas de días pasados podrían convertirse en verdaderas. Ojalá no.