Corte acuerpa elevar penas por robo de combustible
Proyecto de ley plantea de 8 a 15 años de prisión por daños o sustracción
La Corte Plena le dio el lunes un impulso a un proyecto legislativo que castigaría con cárcel el robo, transporte y almacenamiento de combustibles sustraídos del poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Lo anterior, porque los magistrados, pese a que dijeron que el plan crea 11 nuevos tipos penales que son castigados con cárcel, indicaron que no afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Con esta resolución, los diputados podrán ahora aprobar la iniciativa por mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los legisladores presentes al momento de la votación.
La decisión de la Corte fue unánime y se hizo para responder una consulta legislativa sobre el proyecto 21.447, que se denomina Ley Sobre el Apoderamiento de los Hidrocarburos, sus Derivados o Mezclas de Hidrocarburos.
El magistrado de la Sala Tercera, Rafael Segura, quien se encargó del análisis del plan, dijo que “lo que se busca es fortalecer la política criminal contra la sustracción ilegal de derivados de los hidrocarburos y, en razón de ello, la propuesta analizada constituye una herramienta legal, eficaz y posible de implementar. “No creemos que haya ninguna injerencia en la organización y funcionamiento del Poder Judicial puesto que es una ampliación normativa de conductas reguladas nada más que con un nombre específico, a efecto de sancionar los daños al poliducto y la sustracción de hidrocarburos”.
El proyecto, que está en la Comisión de Ambiente de la Asamblea, fue presentado en junio por el diputado Víctor Morales Mora,quien consideró que “no existe en nuestro ordenamiento jurídico una legislación específica que combata de manera puntual esta actividad ilícita, que (...) aqueja gravemente no solo las finanzas del Estado, sino que además pone en peligro la vida de la ciudadanía, el ambiente, y el servicio público que brinda Recope”.
La iniciativa, además, pide declarar de interés público los 533 kilómetros de tuberías que conforman el poliducto, que pasa por 20 cantones de Limón, San José, Heredia, Cartago y Puntarenas.
El proyecto estima que el poliducto es un “bien estratégico para la nación, que permite garantizar el servicio público del suministro de combustibles derivados de hidrocarburos (...) y deberá entenderse que el servicio público que presta Recope es esencial”.
Según Recope y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los últimos tres años se han descubierto 356 tomas ilegales a lo largo de los 533 kilómetros de tubería.
Mediante esas tomas, se han robado unos 12 millones de litros de combustible con un valor de ¢6.000 millones.
Solo en el 2017 se sustrajeron ¢1.537 millones.
Sanciones.
En la actualidad, la sustracción de combustible es considerada como un delito de robo agravado, que según el artículo 213 del Código Penal, es penado con entre cinco y 15 años de prisión. Con la nueva legislación, el robo de derivados de petróleo se castigará con prisión de ocho a 15 años. Igual sanción tendría cualquier daño que se le ocasione al poliducto y la alteración de combustibles.
El transporte ilegal y el almacenamiento se podría sancionar con de 3 a 6 años de cárcel. Asimismo, se pena con sanciones de 5 a 12 años de prisión a la persona que facilite un terreno para el almacenamiento de combustible sustraído, o bien, a aquellos que lo comercialicen.
El plan también incluye un castigo de 8 a 15 años por la comercialización de combustible exonerado destinado al sector pesquero no deportivo.